Tres años antes de la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa, tuvo lugar un acto de represión en contra de
los estudiantes de esta misma institución. El 12 de diciembre de 2011, los
normalistas de Ayotzinapa tomaron la caseta de Palo Blanco, en la autopista México - Acapulco. Los
estudiantes protestaron para incrementar el presupuesto destinado a la normal
rural Raúl Isidro Burgos, para mejorar las instalaciones de esta escuela y para
tener una audiencia con el entonces gobernador del estado, el perredista Ángel
Aguirre Rivero.
Los normalistas de Ayotzinapa fueron
reprimidos por decenas de agentes de la policía federal y las policías locales.
En el enfrentamiento murieron los estudiantes Gabriel Echeverría y Jorge Alexis
Herrera, a quienes les dispararon en la cabeza. Algunos videos alojados en
Youtube muestran la saña con la que los policías agredieron a los estudiantes.
En aquél entonces, el delegado de la
PGR en el estado de Guerrero era Iñaki Blanco Cabrera. Ante la represión y el
asesinato los normalistas, Blanco Cabrera debió llevar a cabo una investigación
de oficio sobre los hechos ocurridos, pero la investigación nunca tuvo lugar.
Desde un inicio las autoridades solaparon a los policías y funcionarios que
participaron en la agresión y el asesinato de los normalistas.
A través de un informe de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, la periodista Anabel Hernández documentó la
tortura a la que fue sometido el estudiante Gerardo Torres, en un intento por
incriminarlo en el asesinato de sus dos compañeros: “ Seis
elementos (…) lo sacaron a bordo de una camioneta lo trasladaron con la cabeza
cubierta a una casa de madera, lo golpearon y amenazaron con privarlo de la
vida si no accionaba un arma larga. La víctima mencionó que sus victimarios
colocaron uno de sus dedos en el gatillo del arma señalada y la accionaron;
añadió que los policías fueron a tirar los casquillos percutidos en el lugar donde
tuvo verificativo el enfrentamiento con los estudiantes.” (“La verdadera noche
de Iguala. La historia que el gobierno trató de ocultar”, P. 47).
La impunidad marcó aquél primer
enfrentamiento entre los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y las policías federales
y estatales. Ningún agente ni funcionario recibió sanciones mayores por
aquellos hechos represivos. La actuación dolosa del entonces delegado de la PGR
en Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, fue
premiada en junio de 2013, al ser nombrado procurador del estado. Cuando tuvo lugar la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, Blanco Cabrera estaba al frente de la procuración de
justicia en el estado de Guerrero.
La violencia policial (y militar) del
estado se hizo presente en el enfrentamiento de la caseta de Palo Blanco y en los
actos represivos de la noche de Iguala. Los asesinatos de estudiantes
normalistas se repitieron en la reyerta del 12 de diciembre de 2011 y en los
enfrentamientos del 26 de septiembre de 2014. En las investigaciones de los dos
acontecimientos represivos se ha demostrado la presencia de errores y
actuaciones sesgadas por parte de los policías, los ministerios públicos y los
jueces. En ambas investigaciones se han intentado establecer montajes para
responsabilizar a chivos expiatorios y deslindar a las autoridades de gobierno
de la responsabilidad en los hechos.
Este mismo patrón se repite en otros
hechos de represión en contra de la sociedad civil. Los mismos elementos que se
hicieron presentes en los actos represivos en contra de los estudiantes de la
normal de Ayotzinapa en 2011 y 2014, se identifican en la actuación policial y
gubernamental en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016. Los resultados del
enfrentamiento en Nochixtlán fueron 8 muertos y 108 personas heridas, 53
civiles y 55 policías. En Nochixtlán también se hicieron presentes: la
violencia desmedida por parte de las corporaciones policiacas que hicieron uso
de armas de fuego, el asesinato de integrantes de la sociedad civil, la
presencia de errores y sesgos en las investigaciones y en la impartición de
justicia en general, y el encubrimiento
de policías y mandos que participaron en el asesinato de civiles.
En los acontecimientos de Nochixtlán quedó
comprobado que los integrantes de la policía federal accionaron sus armas en
contra de la población civil. En aquel entonces el comisionado de la policía
federal preventiva era Enrique Ceballos Galindo, un personaje cercano al
secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Fue Ceballos Galindo quien
inicialmente declaró que los agentes de la policía federal no llevaban armas
durante los enfrentamientos de Nochixtlán, pero ante las evidencias
fotográficas y videos que circularon en la prensa y las redes sociales, el
mando de la PF tuvo que aceptar que los integrantes de esta corporación
accionaron sus armas en contra de la población civil.
Hasta la fecha, el gobierno federal no
ha dado informes de las investigaciones por el caso Nochixtlán. Ningún policía
ni funcionario ha sido juzgado por su participación en estos hechos de
represión. Días antes del informe presidencial del 2016, Enrique Peña Nieto
ordenó la destitución de Enrique Ceballos Galindo como comisionado de la
policía federal. Ningún funcionario dio explicaciones sobre la salida de
Ceballos Galindo de la PF. En días recientes, Enrique Ceballos Galindo fue
nombrado como integrante del equipo de la secretaría de gobernación que coordinará
las labores de reconstrucción en el estado de Morelos, después del sismo del
pasado 19 de septiembre. De la misma forma en que se dio la salida de Ceballos
Galindo como comisionado de la PF hace un año, sin explicación de por medio,
este personaje retorna a las funciones gubernamentales de la mano de su
protector, Miguel Ángel Osorio Chong.
Los actos de represión e impunidad que
han caracterizado al gobierno de Enrique Peña Nieto tienen nombres y apellidos,
tienen adscripciones a grupos políticos que están buscando permanecer en el
poder después del 2018, tienen un comportamiento que muestra la frialdad y la
actitud despótica de la clase política ante los reclamos que la sociedad viene
haciendo desde hace muchos años.
