Las muertes relacionadas con el crimen
organizado en México no se han detenido desde el gobierno de Felipe Calderón.
En Chihuahua, esa hidra se ha desplazado a lo largo de los sexenios de José
Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral. Los efectos han sido devastadores y
eso se comprueba con los recientes hechos ocurridos en el estado de Chihuahua:
los diversos enfrentamientos entre dos grupos rivales de la Línea en el
corredor que conecta las poblaciones de Cuauhtémoc y Rubio, y el asesinato de
la periodista Miroslava Breach. La violencia se magnifica, los asesinatos de
periodistas y ciudadanos no se detienen, las desapariciones continúan. Las intervenciones del estado en sus
diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para detener este
problema de grandes magnitudes, una y otra vez han resultado insuficientes e
ineficaces.
Entre los especialistas en el tema se
ha referido que México no ha llegado a ser un “estado fallido” como tal, que el
estado mexicano aún continúa manteniendo la hegemonía en lo político, lo social
y lo económico, que el crimen organizado no ha logrado desplazar ni suplantar
por completo al estado mexicano. Pero, si bien es cierto que México no ha
llegado a ser un “estado fallido”, lo que ha tenido lugar de manera reiterada
son las insuficiencias y errores del estado en las políticas para detener al
crimen organizado. Estaríamos hablando entonces de un estado insuficiente, de
un estado errado, que una y otra vez implementa políticas para combatir al
crimen organizado que no resuelven el problema y que se equivocan en su cometido.
En Chihuahua, las insuficiencias y los
errores del estado para detener al crimen organizado, nos han llevado a una
vorágine de violencia que ha llegado a límites inaceptables. Y en este momento
los responsables de atender ese problema son los gobiernos estatal (a cargo de
Javier Corral), federal (a cargo de Enrique Peña Nieto) y los gobiernos
municipales. Son ellos los principales responsables actuales, a los que se
dirigen los reclamos, los que tienen que respondernos a los ciudadanos. Son
ellos los que tienen que tomar las decisiones para que las políticas dirigidas
a detener al crimen organizado no sigan siendo insuficientes y no se sigan
equivocando.
Este es un reclamo puntual que debe
ser atendido de manera inmediata, pero con solvencia a corto, mediano y largo
plazo. Las preguntas que quedan flotando son las siguientes:
¿Pueden los gobiernos de los tres
órdenes en Chihuahua (federal, estatal y municipal) responder de manera
convincente, con políticas atinadas de seguridad pública, del orden social y
educativo, a las acciones del crimen organizado que de nueva cuenta han puesto
en jaque a las vidas de los ciudadanos?
¿O estaríamos esperando acciones que se
quedan en el mero o paliativo, o que dan lugar a un agravamiento de la
violencia en forma de asesinatos y desapariciones? ¿Tiene el estado mexicano la
potencia política en su capacidad de planeación y ejecución para poner un alto
al crimen organizado en Chihuahua y en otros estados del país, o su perfil es
el de un estado incapaz e impotente ante esta fuerza oscura que no ha podido
ser siquiera limitada?
A lo largo de los sexenios y los
trienios va dejándose ver una incapacidad y una impotencia gubernamental ante
las fuerzas vivas del narcotráfico, que han profundizado sus raíces y aumentado
los ramales de su acción criminal. El problema
del narcotráfico bajo la forma del crimen organizado se ha convertido en un
monstruo, en una hidra de mil y más cabezas que ha arrinconado al estado
mexicano en uno de los callejones más obscuros de la historia de México. El
horizonte no es nada alentador. Pero algo tiene que hacerse, algo tiene que
construirse en los años por venir para salir de esta oscuridad que sigue
atosigándonos…
