Hay un extraño territorio donde lo
legal y lo ilegal se traslapan y se confunden. La coexistencia de lo legal en lo ilegal, es una zona de penumbra que marca de manera
rotunda a los primeros años del siglo XXI. “Existe una relación estrecha entre las
exigencias de los mercados legales y la creación y florecimiento de mercados
ilegales. Es decir, las diversas estructuras de la ilegalidad funcionan por
demanda de la legalidad, muchos tipos de acciones ilegales nacen y están
protegidas bajo los marcos de lo legal” (Sayak Valencia, “Capitalismo Gore”,
2010).
La política y las empresas que son
legales conjugan sus actividades con el crimen organizado que trabaja desde la
ilegalidad. Las raíces de este problema están sujetas a los principios del
neoliberalismo que ha encontrado nuevas formas de comercio que diseminan y
borran las fronteras entre lo legal y lo ilegal. El ejemplo más claro de ese
territorio legal y a la vez ilegal es la
piratería. Es una cuestión evidentemente contradictoria y paradójica.
En la política la corrupción converge con la legalidad
gestionada a conveniencias, el peso de la ley no vale lo mismo para los poderosos que para los ciudadanos
comunes y corrientes. En la economía el robo en despoblado está garantizado por
las leyes mercantiles y financieras, que
permiten la explotación y la acumulación de la riqueza desmedida en unas
cuantas manos. Para las formas de vida en
sociedad, se emiten leyes que prohíben los narcocorridos, mientras las televisoras
proyectan narcoseries que muestran a los capos y sicarios como modelos de vida
a seguir. En la relación que establecemos con la naturaleza se crean leyes que
buscan el desarrollo sustentable, pero se permite la depredación de manglares, bosques
y selvas.
De forma inconsciente, el slogan del
gobierno estatal refleja este territorio
de luces y de sombras. Los asesores de imagen de Javier Corral definieron la
frase que estaría significando al actual gobierno: “Chihuahua. Amanece para todos”. Se intentaba subrayar la luz en lugar de la
oscuridad. Pero el slogan mediante el
cual buscaron resinificar al ejercicio de gobierno, va convirtiéndose en un
vacío retórico y simbólico. Lo que destaca en el ejercicio de gobierno de
Javier Corral, son las sombras y no la luz. El contenido simbólico de la
metáfora que intentó significar positivamente al gobierno de Corral, va inclinándose
hacia una negatividad que resulta desconcertante.
El desbarrancadero del slogan del
actual gobierno estatal, no es más que el síntoma de una pudrición mucho más
profunda en la sociedad. Desde hace tiempo, este territorio claroscuro va
marcando un ritmo de destrucción que parece indetenible. Los acontecimientos
que van dando lugar al crecimiento de esta anomalía, son numerosos y se
manifiestan con una intensidad que resulta cada vez más preocupante. Durante las
últimas décadas este territorio, legal pero ilegal, prohibido pero permitido, se
ha ido expandiendo y complejizando.
Las notas de ocho columnas de los
periódicos “El Diario de Chihuahua” y “El Heraldo de Chihuahua” de este viernes
13 de octubre, son una evidencia de esta
anomalía que ha roto los límites éticos y jurídicos que sustentan nuestras
formas de vida. “El Diario de Chihuahua” publica la nota: “Congreso pide
legalizar el contrabando: AMDA” bajo la firma del reportero Manuel Quezada
Barrón. Por otra parte, “El Heraldo” publica la noticia: “Narcopolíticos tras
crimen de Miroslava”, firmada por el reportero David Varela.
En la nota de “El Diario de Chihuahua”
se aborda el asunto de los automóviles chuecos que han entrado al país desde la
década de 1980 hasta la fecha. Es un problema que se ha repetido numerosas
ocasiones y que los gobiernos federal y
estatal no han logrado resolver. El comercio y el uso ilegal de automóviles
importados de Estados Unidos a México, es un presunto delito que termina siendo
permitido a conveniencias.
Mientras los diputados locales abogan
por una legalización de los automóviles, los integrantes de la Asociación Mexicana
de Distribuidores de Automotores (AMDA) exigen la aplicación estricta de la
ley. Mientras los líderes de las organizaciones luchan hasta el último aliento
para preservar el patrimonio de más de 20 mil familias chihuahuenses que tienen
este tipo de vehículos, el gobierno
estatal es presa de un asunto que se puede convertir en un terreno pantanoso hacia
el año electoral del 2018.
¿Dónde está lo legal y dónde lo ilegal
en el caso de los automóviles chuecos? ¿Dónde concluyen los límites de lo
permitido y empieza entonces lo prohibido? Lo “ilegal” de los automóviles “chuecos” termina convirtiéndose en una forma de vida
socialmente aceptada, y en una serie de medidas
políticas que una y otra vez legalizan a lo ilegal mediante censos y
regularizaciones. Lo legal y lo ilegal
terminan siendo imprecisos y elásticos.
El caso de los autos chuecos es un
mecanismo mediante el cual lo ilegal se
legaliza. En primer plano, se ubican los intereses de la economía y la cultura
del automóvil en el siglo XXI, que ponderan el transporte individual por sobre
el transporte colectivo. En segundo plano, se ubica la política que termina
convirtiéndose en una herramienta remedial del problema de los automóviles
chuecos. En este caso, el lugar donde lo legal y lo ilegal se cruzan es un limbo
que ha resurgido una y otra vez de forma repetida. La anomalía es reiterada y
sistemática.
En el caso de la nota de “El Heraldo
de Chihuahua”, la situación es mucho más preocupante. Esta noticia afirma que
la narcopolítica es una de las hipótesis del asesinato de Miroslava Breach. La
corresponsal de “La Jornada” destapó una cloaca que está a la vista de
todos, y le puso nombres y siglas
partidistas a la narcopolítica en Chihuahua.
La narcopolítica, ese territorio dónde se entrecruzan los intereses
del crimen organizado, de los integrantes de la clase política y los
empresarios, va resultando monstruoso en sus deformaciones de lo legal y lo
ilegal. Los efectos de la narcopolítica se cuentan y se viven por miles de
asesinados y desaparecidos en los
últimos diez años.
El concepto de “narcopolítica” contiene
en sus entrañas un territorio dónde lo legal y lo ilegal se han conjugado de
forma irresoluble. En estos momentos no hay manera de destrabar las relaciones
que se han entablado en los capos del crimen organizado, los políticos y los empresarios. Tal vez, Javier Corral no
tenga un Genaro García Luna en su gabinete, tal como lo tuvo el sexenio de
Felipe Calderón, pero los mandos medios y bajos de las corporaciones policiacas
municipales y estatales, están infiltrados por el crimen organizado. De la
misma forma, numerosos gobiernos municipales encabezados por distintos partidos
políticos, han sido infiltrados por el narco, tal como lo demuestra la nota
periodística de “El Heraldo de Chihuahua”.
El narcotráfico y la política que
están presentes en el concepto de la “narcopolítica”, se desprenden de los
intereses económicos del neoliberalismo que incentiva y protege el comercio de
la piratería, de los autos chuecos, de los contratos de obra pública, de las
drogas y de los cuerpos de los seres humanos sometidos a novedosas formas de
explotación .
Hay un triángulo del cual se deriva el
territorio donde lo ilegal y lo ilegal terminan confundiéndose. Este triángulo
está formado por los principios del neoliberalismo rapaz que está dispuesto a
comercializarlo todo, por el crimen organizado convertido en un poder fáctico
ante el estado y la sociedad, y por las
acciones políticas que no logran construir equilibrios y deslindes entre lo
legal y lo ilegal. Al final, las acciones políticas terminan rendidas ante los
intereses del neoliberalismo y del crimen organizado.
Este es el nudo donde la corrupción y
la impunidad se enraízan y expanden como tragedia de nuestro tiempo. Este es el
nudo que es necesario destrabar.
