I.- Los cuerpos quedaron tendidos a lo
largo de las habitaciones del centro de rehabilitación “Uniendo Familias para
Vivir Mejor”. La imagen interior del lugar es un contraste entre el color tenue
del piso y el color rojo de la sangre que se derramó hasta la banqueta.
La noche del martes 26 de septiembre
en la ciudad de Chihuahua extiende sus rastros de muerte sobre las personas
atrapadas en la extraña condición de “víctimas”: víctimas del crimen
organizado, víctimas de la política que manifiesta su impotencia y sus errores,
víctimas de una sociedad que no puede sobreponerse a los estragos de la
violencia, víctimas de una historia que se prolonga hacia las primeras décadas
del siglo XXI en México.
De nueva cuenta, los habitantes de la
colonia Rosario vivieron horas de zozobra y desesperación. Primero, tres
minutos de disparos que sacudieron los interiores de las casas y la vida en las
calles. El ruido de la metralla que llevó a las personas a tirarse al suelo, cerrar
los ojos y apretar los dientes, esperando lo peor. Luego un silencio, una
espera de la que brota el miedo ante la muerte de los cercanos o lejanos. Y
junto al silencio, los gritos desgarradores de los sobrevivientes y los
primeros testigos.
La noche se detiene cuando las sirenas
de las patrullas y ambulancias se desparraman en el aire. Las cintas amarillas son
colocadas a una cuadra de distancia del lugar, señalando la escena del crimen.
Los curiosos y familiares de los internos del centro de rehabilitación comienzan
a llegar y surgen las preguntas. Pero no hay respuestas, todavía no hay
respuestas de los nombres de los asesinados y los heridos, de los
sobrevivientes que recordarán aquello como un pedazo del infierno. La angustia
es un nudo en la garganta, cuando el silencio y los gritos se mezclan en un
solo amasijo, cuando son inútiles las palabras y quedarse callado es imposible…
II.- Sorprende la distancia, la frialdad
de las declaraciones del comisionado de seguridad pública estatal, Oscar
Aparicio, al día siguiente de la ejecución masiva de 15 personas en un centro de
rehabilitación en Chihuahua. El funcionario estatal declaró que el móvil del
asesinato es la confrontación entre dos grupos del crimen organizado: los
Aztecas y los Mexicles. Días antes de la declaración de Aparicio sobre la
masacre, el fiscal del estado César Augusto Peniche, afirmó que el asesinato de
5 personas en el bar “El show” al norte de la ciudad de Chihuahua, fue debido a
una confrontación entre grupos antagónicos que pelean por el control de la
venta de drogas.
Las declaraciones del gobernador
Javier Corral mantuvieron el mismo tono de distancia y frialdad ante los hechos
de violencia: “En realidad no estamos ante un fenómeno de violencia contra la
población en general también eso es importante decirlo y no caer en la
magnificación que luego sí produce zozobra y angustia en toda la sociedad… Los
acontecimientos están muy localizados en un enfrentamiento entre grupos
criminales que se disputan las plazas y tenemos algunos elementos ya, dentro de
los primeros datos de la investigación, que nos permiten, efectivamente,
advertir que hay ajusticiamientos entre ellos por virtud de deserciones, de
divisiones o subdivisiones en los grupos criminales en el estado, no se está
afectando, vamos a decir, a la población civil en general…” (El puntero, 28 de
septiembre de 2017).
La distancia y la frialdad de las declaraciones
de Aparicio, Peniche y Corral, se construyen desde la burbuja del poder, detrás
de los vidrios blindados, detrás de las escoltas que abren el paso a las
camionetas de los funcionarios públicos por las calles, detrás de las
ceremonias y protocolos que convierten al poder en un ritual de la verdad. Para
los funcionarios públicos, la verdad es un acto de poder que se manifiesta en
una declaración pública o en un boletín de prensa, es una trinchera política
para defender la posición propia a costa de lo que sea. No hay que olvidar que
en la política las verdades son el arma y la armadura, son la pólvora que
estalla en contra de los adversarios y la trinchera que protege ante cualquier
afectación que pueda imaginarse o concretarse.
Es cierto que las puertas del palacio
de gobierno que César Duarte mandó cerrar fueron reabiertas por Javier Corral,
es cierto que las audiencias públicas acercan de nueva cuenta a la sociedad
chihuahuense y al gabinete del gobierno del estado, pero los distanciamientos
se manifiestan de otras formas y comienzan a tomar un contenido diferente. Los
distanciamientos de Corral y su gabinete ante la sociedad chihuahuense se
manifiestan en la frialdad de sus declaraciones por los asesinatos de
septiembre, se manifiestan en la violencia que asemeja los días aciagos de 2008
y 2009, se manifiestan en la impunidad que crece al paso de los días.
III.- Todavía falta poner en claro los
territorios donde el crimen organizado y la política se entrecruzan y reconfiguran
las formas de vida de los chihuahuenses y los mexicanos. Está demostrado que la
corrupción en México es uno de esos territorios donde los capos y los políticos
han ido escribiendo una parte lacerante de la historia en las décadas recientes.
Cuando Anabel Hernández titula uno de sus libros más notorios con el nombre:
“Los señores del narco” (2010), la referencia a “los señores” es un juego
verbal que se elabora sobre la ambigüedad. “Los señores” aludidos por Anabel
Hernández, pueden ser los
narcotraficantes o los mismos políticos. Hay un territorio en el que la
política y el crimen organizado se traslapan. Este territorio nos tiene sumidos
en una oleada de violencia que continúa expandiéndose a lo largo y ancho del
país.
Queda claro que Javier Corral le declaró
la guerra al crimen organizado en Chihuahua, que las acciones emprendidas por
la fiscalía del estado son frontales en el combate a la delincuencia.
Difícilmente podría mostrarse una colusión entre los integrantes del gabinete
de Corral y la delincuencia organizada. Pero, la manera en que las acciones
gubernamentales para combatir al crimen organizado en el estado de Chihuahua,
se entrecruzan con las acciones mismas de los delincuentes, toman otra forma y
otro contenido. Cuando Aparicio, Peniche y Corral declaran que los asesinatos
de septiembre en Chihuahua son ajustes de cuentas entre grupos del crimen
organizado, que son una lucha por el control del narcomenudeo, que no afectan a
la sociedad, de manera indirecta reconocen la presencia del crimen organizado y
sus efectos como una sombra incómoda, como un lastre que puede sobrellevarse de
una u otra forma.
En las declaraciones de los tres políticos
panistas se detectan indicios de una aceptación tácita, incómoda e
inconveniente del crimen organizado y sus efectos violentos sobre la sociedad. Esto
se muestra en los hechos, va quedando demostrado en los hechos. Es imposible
que cualquier gobierno emanado de cualquier partido político, pueda acabar con
el crimen organizado que se ha enraizado con tremenda fuerza en la vida
económica, social y cultural de México. Una y otra vez las declaratorias de
guerra ante el crimen organizado han fallado, lo mismo Calderón, que Peña Nieto
o Corral. Entonces, cuando el poder del
crimen organizado irrumpe la tranquilidad social tal como sucedió en Chihuahua
en los años 2008 y 2009, tal como sucede
en estos meses, los gobernantes elaboran justificaciones discursivas,
mediáticas y de políticas públicas para sobrellevar el asunto, para pasar el
trago amargo ante los estragos y los reclamos sociales. Es aquí que surgen los
distanciamientos y la frialdad de los políticos, es aquí que los discursos, los
recursos mediáticos y las políticas públicas para paliar los efectos del crimen
organizado terminan convirtiéndose en un artificio, en un engaño necesario.
¿Verdaderamente, Aparicio, Peniche y
Corral piensan que sus declaraciones y explicaciones resultan suficientes, que
las posturas que van tomando ante estos acontecimientos pueden justificarse?
¿Qué sucede con los políticos cuando, más allá de su voluntad y de sus
posibilidades de acción, son rebasados por las acciones del crimen organizado?
¿Qué sucede cuando los códigos de ética que cuelgan en paredes de las oficinas
públicas del gobierno estatal van siendo desmoronados por las acciones del
crimen organizado? ¿Qué sucede con la política cuando el crimen organizado se
apodera de regiones enteras en un estado, y comienza a trazar una contra-agenda
que avanza por sobre las agendas gubernamentales?
Directa o indirectamente, la política
del siglo XXI en México está siendo definida por los intereses del crimen
organizado. El gobierno de Corral es víctima o victimario de esta historia.
