1.- Desde luego que hay una
serie de similitudes entre los casos de los normalistas desaparecidos en
Iguala, Guerrero, en 2014, y la masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968.
En ambos casos los protagonistas fueron estudiantes que buscaron caminos políticos
que reclaman un México diferente.
En ambos casos, no hay
todavía una verdad que haya sido demostrada con evidencias suficientes por
parte de las autoridades oficiales. En ambos casos la actuación del gobierno
federal (de Enrique Peña Nieto y Gustavo Díaz Ordaz respectivamente) ha quedado
definida por las omisiones, el ocultamiento de información, la tergiversación de los hechos y la
impunidad.
En ambos casos va quedando
demostrada la participación del ejército en crímenes cometidos contra la sociedad
civil. También en ambos casos las investigaciones realizadas por académicos y
periodistas van arrojando las evidencias y las explicaciones más sólidas en la
reconstrucción de los hechos y en las posibilidades de acercarse a la verdad.
2.- La supuesta “verdad
histórica” sobre el caso de la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa es
una farsa. Esta “verdad fue” fabricada por
el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam y asumida en el
último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.
No ha quedado demostrada la
participación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y de su esposa, que aún
están presos por estos acontecimientos.
No ha sido demostrada la participación
del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos en la desaparición de los
normalistas.
Tampoco se ha demostrado que
los estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” fueron quemados en el
basurero de Cocula y que sus restos fueron arrojados al río San Juan.
A lo largo de la
investigación realizada por la PGR se
fabricaron culpables, entre los que destacan 4 “albañiles” de Cocula que fueron
convertidos en “sicarios”.
La sentencia del Primer
Tribunal Colegiado de Tamaulipas emitida el 31 de mayo pasado, señala que la
investigación que llevó a cabo la PGR no fue “independiente ni imparcial”. La
“verdad histórica” de Murillo Karam y de Peña Nieto se obtuvo mediante la
tortura de los acusados, y sin hacer una
investigación sobre la participación de miembros del ejército y de la policía
federal en la desaparición de los normalistas.
Hay 55 funcionarios del
gobierno de Peña Nieto que han sido investigados por tortura en el caso
Ayotzinapa. Las mismas investigaciones internas de la PGR han arrojado que 19
de estos 55 funcionarios, sí
participaron en actos de tortura.
En la desaparición de los
normalistas hay evidencias de la participación de soldados integrantes del 27
batallón de infantería, con sede en Iguala, Guerrero. Cuando desaparecieron los
normalistas, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de
2014, integrantes del ejército estuvieron a cargo de las cámaras de vigilancia
del C4, en Iguala. Diversas investigaciones han mostrado evidencia de que los
videos tomados por esas cámaras fueron manipulados.
También ha quedado
demostrada la presencia de cartuchos del calibre 7.62 x 51 en la escena del
crimen de la calle Juan N. Álvarez y Santa Teresa, en Iguala, lugar donde
ocurrió uno de los ataques contra los normalistas. Los cartuchos 7.62 x 51 son
empleados en los fusiles G3, que son de uso exclusivo del ejército (“La
verdadera noche de Iguala, Anabel Hernández, 2016).
3.- En el caso de la matanza
del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, las versiones pro-gobierno han
intentado sostener que en esos acontecimientos tuvo lugar la injerencia de
actores extranjeros (agentes rusos y cubanos), quienes en el marco de la guerra
fría entre Estados Unidos y Rusia, pretendían desestabilizar a México. Esta afirmación
se ha desmoronado al paso de los años.
En 1998 el gobierno de
Estados Unidos desclasificó 30 documentos de su política exterior relacionados
con la matanza de Tlatelolco. Uno de estos documentos de la CIA, un memorándum
enviado a la Casa Blanca por Walt Rostow (asesor de seguridad nacional del
presidente Jhonson), demuestra que la versión oficial sobre la intervención
extranjera en el conflicto de 1968 carece de sustento. Un fragmento de este
memorándum plantea lo siguiente:
“Usted pregunta en qué
medida los comunistas cubanos u otros grupos extranjeros están involucrados en
los disturbios mexicanos de esta semana. El análisis de la CIA… concluye que
las manifestaciones estudiantiles surgieron por conflictos políticos internos y
no por manipulaciones de cubanos ni de soviéticos…”
La investigación que Carlos
Montemayor hace sobre algunos de los documentos desclasificados en
Estados Unidos en 1998, en el libro “La violencia de estado en México. Antes y
después de 1968” (2010), demuestra que
las movilizaciones estudiantiles de hace 50 años no fueron provocadas por
agentes cubanos o soviéticos.
4.- Las investigaciones
realizadas por académicos y periodistas sobre la matanza de Tlatelolco en 1968 aportan
datos sobre la participación directa del ejército. Ha quedado evidenciada la
participación del Batallón Olimpia en la matanza de Tlatelolco, son los
soldados del guante o el vendaje blanco en la mano izquierda, que tenían como
objetivo capturar a los líderes del movimiento estudiantil. En diversas
fotografías tomadas el 2 de octubre de 1968, se observa con toda claridad a militares
vestidos de civil, armados y con un guante o un vendaje blanco en la mano
izquierda, participando en las redadas que siguieron después de la masacre.
Los datos arrojados por los documentos
del general Marcelino García Barragán que se analizan en el libro “Parte de
guerra” (1999), escrito por Julio
Scherer y Carlos Monsivais, demuestran que la actuación del Batallón Olimpia el
2 de Octubre del 68 está ligada al nombre de tres militares: el capitán
Fernando Gutiérrez Barrios, el coronel Gómez Tagle y el capitán Careaga.
Las acciones del Batallón
Olimpia, fueron respaldadas por la “Operación Galeana”, al mando del general
Cristóforo Mazón Pineda. El informe de
Mazón Pineda sobre la “Operación Galeana” plantea una lista de 3 unidades
militares, que se colocaron en las calles aledañas a la Plaza de la Tres
Culturas de Tlatelolco, el 2 de Octubre de 1968:
- En el monumento a la Raza,
se apostaron soldados de 40 Batallón de infantería y a dos compañías del 19
Batallón de Infantería, que estuvieron al mando del Coronel Alberto Sánchez
López.
- Sobre la calle Manuel
González e Insurgentes, se apostó el Batallón de Fusileros y Paracaidistas y el
Primer Batallón del Cuerpo de Guardias Presidenciales, al mando del general
Brigadier José Hernández Toledo.
- En la Estación Buenavista,
se apostaron el 43 y 44 Batallón de infantería, al mando del Coronel Armando
del Río Acevedo.
Estas tres unidades militares
ingresaron a la Plaza de las Tres Culturas durante el enfrentamiento y apoyaron
las acciones del Batallón Olimpia, cuyos integrantes participaron infiltrándose
entre los asistentes al mitin de la Plaza de las Tres Culturas.
Los mismos documentos del
General Marcelino García Barragán, analizados en el libro “Parte de Guerra”, dejan en claro que los francotiradores que se
apostaron en los edificios aledaños a la Plaza de las Tres Culturas, eran
militares que integraban al Estado Mayor Presidencial. Nunca logro comprobarse
que los estudiantes y asistentes al mitin de la Plaza de las Tres Culturas
portaran o dispararan alguna arma.
Las diversas evidencias
documentales que se tienen a la mano, demuestran la participación del ejército
en la masacre del 2 de octubre. Un informe que Fernando Gutiérrez Barrios,
titular de la Dirección Federal de Seguridad, le entregó al presidente Gustavo
Díaz Ordaz, refiere que 373 personas fueron ingresadas al Campo Militar Número
1 en la ciudad de México. En los años posteriores a 1968, el Campo Militar
Número 1 se convertiría en un símbolo de los desaparecidos durante la guerra
sucia.
5.- Durante 30 años, entre
1968 y 1998, los archivos gubernamentales sobre la matanza de Tlatelolco fueron
material clasificado. Cuando el Archivo General de la Nación puso a disposición
estos archivos para ser consultados, el material ahí encontrado resultó
irrelevante. La Doctora Patricia Galeana exdirectora del Archivo General de la
Nación narra lo siguiente sobre el manejo de los archivos de interés
presidencial:
“…la norma parece ser que
los presidentes carguen con todo. López Portillo tiene en su biblioteca de
Cuajimalpa los archivos de su sexenio, e incluso se los ha facilitado a algunos
investigadores, entre ellos su propio hijo José Ramón… como no hay una ley que
obligue a los presidentes a entregar los archivos, pues han mandado al AGN lo
que han querido. Y si no querían hacerlo, no mandaban nada. Claro, unos
actuaban con dolo y otros simplemente se llevaban los documentos porque creían
que les pertenecían…” (“Destrucción y ocultamiento de archivos”, revista
“Proceso”, 28 de enero de 2002).
Según Galeana, el único que
le sacó provecho a los archivos sobre Tlatelolco que se abrieron 30 años
después de la masacre, fue el investigador Sergio Aguayo, quien escribió el
libro “1968. Los archivos de la violencia” (1998) a partir de este material.
Con la entrada del gobierno
panista de Vicente Fox, las expectativas sobre la clarificación de los
acontecimientos de Tlatelolco se reavivaron. Pero Fox se negó a formar una
Comisión de la Verdad para investigar el caso. Para cumplir su promesa de
campaña sobre este tema, el gobierno de Fox creó la Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que entró en funciones en
el año 2001.
Esta Fiscalía tuvo a su
disposición un número cuantioso de documentos del Archivo General de la Nación
y de otras instancias sobre 1968. Pero no queda claro donde quedaron esos
materiales, que en un principio se ordenaron en una lista y que después
quedaron en desorden o desaparecieron subrepticiamente. Según la versión de
Kate Doyle, encargada del programa México National Security Archive, de Estados
Unidos, la Fiscalía nombrada en el sexenio de Fox “no habrá servido para
clarificar el pasado”, sino más bien, “para identificar el material más dañino
y peligroso que hay en los archivos a fin de removerlo para siempre” («Pérdidas
“documentadas”», revista “Proceso”, Edición Especial Num. 23).
Queda claro que el gobierno panista de Vicente Fox fue partícipe
en el ocultamiento de información sobre lo sucedido en Tlatelolco en 1968.
La verdad sobre Tlatelolco y
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sigue siendo una deuda en
los términos de impartición de la justicia. El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador tiene compromisos por cumplir sobre ambos acontecimeintos…
