En la iniciativa del gobierno de Corral para refinanciar
la deuda pública del estado de Chihuahua se puede observar el sometimiento de
la política a las reglas del neoliberalismo. La característica más notoria del
neoliberalismo se presenta cuando la economía se sobrepone a la política,
cuando el valor del dinero y su acumulación en el mundo capitalista se colocan
por sobre los valores que reclaman una vida digna para las personas. El síntoma
más notorio del dominio de la economía por sobre la política, son los números y
los porcentajes de la pobreza. Mediante los números y los porcentajes de la
pobreza, las personas de carne y hueso que viven y sufren la pobreza quedan
convertidas en cifras. El problema de la pobreza es despojado de su espacio
vital y se convierte entonces en fórmulas macroeconómicas que son cifradas mediante
números y porcentajes. Son estas cifras las que terminan significando a la
pobreza. La economía es una matemática sofisticada que convierte a las vidas de
las personas en cifras atravesadas por el valor del dinero y el valor de los bienes
materializados.
En el decreto para refinanciar
la deuda pública en Chihuahua, la acción política del gobierno del estado y del
congreso local está supeditada a las reglas de juego del mercado, donde un
principio elemental es vender y comprar todo lo que pueda ser comprado o
vendido. El neoliberalismo pretende introducir a la lógica del mercado
cualquier objeto que pueda producir ganancias o pérdidas. No hay que perder de
vista que en el neoliberalismo las ganancias se privatizan a favor de los
empresarios, los inversionistas y los políticos; pero cuando tienen lugar las
pérdidas, estas tienden a ser socializadas, responsabilizándonos a todos del
costo de las mismas. El asunto de la deuda pública del estado de Chihuahua es
un claro ejemplo de la privatización de las ganancias a costa de los intereses
políticos y sociales. El ejemplo más cercano sobre la socialización de las pérdidas
en el neoliberalismo es el caso del Fobaproa, que nos ha llevado a todos los
mexicanos a pagar los costos de la crisis heredada por el gobierno de Carlos Salinas
de Gortari.
Desde hace décadas, las finanzas públicas de diferentes países del
mundo han quedado secuestradas por el mercado neoliberal mediante la
compra-venta de dinero bajo el mecanismo que suele ser llamado “deuda pública”.
Cuando un gobierno adquiere deuda pública, lo que en el fondo está comprando es
dinero que es usado para impulsar las políticas públicas o para otros asuntos,
como los beneficios personales o de grupo (este último es el caso de César
Duarte y sus operadores). El dinero que los gobiernos compran a través de la
deuda pública, es comprado a un precio mayor de lo que vale, y en los contratos
que se firman se establecen una serie de garantías para que las entidades que
le prestan ese dinero a los gobiernos nunca pierdan. Las ganancias para las
entidades bancarias o financieras están garantizadas en las cláusulas de los
contratos firmados. Es común que el dinero que se adquiere a través de una
deuda, sea pagado dos, tres o más veces de su valor original.
En el caso del decreto
para refinanciar la deuda del estado de Chihuahua, la cláusula que garantiza
las ganancias a las instituciones bancarias o financieras puede leerse en el
artículo cuarto: “Durante la vigencia de los convenios, contratos, títulos de
rédito, valores y demás documentos que, en su caso, se celebren o suscriban
para instrumentar reestructura y/o refinanciamiento, podrán modificarse los
términos y condiciones pactados originalmente en los mismos, incluyendo, sin
limitar: (a) las tasas de interés, en función de las condiciones del mercado o
para cubrir o mitigar riesgos económicos o financieros por variaciones en las
tasas de interés; (b) los plazos y el perfil de las amortizaciones respectivas;
y (c) las garantías. Estas modificaciones se podrán efectuar sin necesidad de
obtener nuevas y previas autorizaciones por parte del Congreso del Estado.”
De forma reiterada, los
diputados de Morena y del PRI le han solicitado al secretario de hacienda,
Arturo Fuentes Velez, y al propio gobernador, la corrida financiera que demuestre que el refinanciamiento de la deuda resulta
conveniente al garantizar la reducción de los pagos. Pero, lo que dice el párrafo final del artículo
cuarto del decreto, pone en evidencia que ninguna corrida financiera que pueda
presentar el gobierno del estado en este momento, garantiza a largo plazo la disminución
de los montos a pagar. Toda corrida financiera que pueda presentarse en este
momento es circunstancial y falible. Es el mercado financiero y sus azarosos
movimientos de un lado a otro, lo que estaría definiendo los montos a pagar.
El contenido del decreto
afirma que las tasas de interés podrán ser modificadas sin restricción alguna. Literalmente
el documento afirma que: “…podrán modificarse los términos y condiciones
pactados originalmente en los mismos, incluyendo, sin limitar… las tasas de
interés…” Es obvio que las entidades
bancarias y financieras buscan la ganancia a costa de lo que sea, y para ello
han ido creando un entramado económico,
jurídico y político, que les permita seguirse expandiendo. En este
momento, el gobierno de Javier Corral y la sociedad chihuahuense somos presas
de ese entramado.
En lo que va del año, las
tasas de interés autorizadas por el banco de México han aumentado tres veces.
En marzo pasaron del 6.25 al 6.50 %, en mayo llegaron al 6.75 % y en el mes de
junio subieron hasta el 7 %. En solo medio año, las tasas de intereses
aumentaron poco menos de un punto porcentual. Desde luego que esta variable
estaría impactando al monto de la deuda y sus pagos futuros.
Los pagos venideros de la
deuda pública del estado de Chihuahua son una moneda que ya lanzada al aire,
caería siempre a favor de los intereses de los organismos financieros y los
bancos. De ninguna forma se puede garantizar la disminución de los pagos de la
deuda pública estatal a largo plazo, porque las variables macroeconómicas que
sustentan esos pagos están fuera del control de los gobiernos, el estatal y el
federal.
El origen del decreto para
refinanciar la deuda pública del gobierno de Chihuahua, no fue generado por los
operadores del gobierno de Corral, sino que se generó a partir de los discursos
y los dispositivos del mercado neoliberal, que se sobrepone a la política, que
lentamente ha ido devorando a la política hasta dejarla completamente desnuda.
Lo que puede leerse a través del decreto presentado por Corral para modificar
la deuda estatal, es la desnudez de la política que se muestra inerme, que una
y otra vez manifiesta sus debilidades ante el mercado neoliberal.
Las discusiones sobre el
refinanciamiento de la deuda del gobierno del estado, nos muestran también como
la política se va convirtiendo en una farsa. Si las finanzas públicas del
estado han quedado capturadas por las legiones del neoliberalismo, si a largo
plazo, la entidad que estaría garantizando el aumento o disminución de la deuda
pública del estado de Chihuahua es el mercado financiero, todo lo que pueda
decirse o hacerse en torno al decreto presentado por el gobierno de Corral, resulta
insuficiente. Lo que estamos viendo es un guión que dibuja con claridad como es
que los actores políticos asumen el papel de títeres del neoliberalismo.
