martes, 18 de junio de 2019

Paco Ignacio Taibo y el falo “doblado” de la política (Artículo publicado en el sitio electrónico de "Aserto" - 29 de noviembre de 2018)


En la ciudad de Parral, las “dobladas” son elaboradas con tortillas de harina un poco más gruesas que las usadas para los burritos. A estas tortillas se les pone algún guiso y se “doblan” como si fueran un taco. De aquí viene el nombre de “dobladas”. Luego se envuelven en papel encerado y se guardan en una hielera de la misma forma en que se hace con los burritos en el norte de México. En Parral, las “dobladas” son una tradición de la gastronomía popular que se puede buscar durante las mañanas en lugares estratégicos.
Pero, Paco Ignacio Taibo se refirió a otro asunto cuando afirmó: “… se las metimos doblada, camarada”. La mención de Taibo es fálica (habla del “falo” o “verga”) y tiene una poderosa connotación sexual, donde un “nosotros” morenista se asume como ganador en las elecciones de julio pasado y como ganador de un posible nombramiento en la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE). La frase exalta la victoria haciendo uso de un albur.
Aunque en el congreso no se apruebe la reforma que le permita a Taibo ser director del FCE, al haber nacido en España y no en México, el próximo lunes López Obrador estaría aprobando un decreto para nombrarlo en ese puesto y de esta forma darle sustento jurídico a la decisión.
La frase de Taibo se convertirá en una joya histórica del lenguaje subversivo o abusivo de la política. Desde luego que hay una similitud entre la mención del escritor y próximo funcionario, y la roqueseñal emitida por el entonces diputado Roque Villanueva en 1995, cuando la fracción parlamentaria del PRI aumentó el IVA del 10 al 15 %. Aunque los contextos de la roqueseñal y del albur de Taibo son muy distintos. La similitud más significativa entre ambos es la connotación sexual del “falo” que se concibe como “penetrador” del adversario en una derrota política.
La mención de Taibo puede ser interpretada desde distintos ángulos. Estas interpretaciones son ideológicas y por lo tanto conflictivas. El territorio de la ideología es permanentemente conflictivo, y lo es más cuando los discursos y las posturas rompen con los moldes establecidos.
A partir de la lógica del “lenguaje correcto” y la “diplomacia política”, la mención de Taibo es una desmesura inaceptable, que tendría que ser censurada. Para los militantes del manual de Carreño en la política mexicana, el posible director del FCE merecería la hoguera, que también se construye a través de palabras. El lenguaje en forma de reglas domina y somete al lenguaje, y a los sujetos. No hay que olvidar que el lenguaje es una forma de control. Hay palabras permitidas y palabras prohibidas que se convierten en camisas de fuerza para el lenguaje y la acción política.
Desde la lógica crítica del análisis del discurso, la mención de Taibo es una ruptura con la convencionalidad. El “lenguaje correcto” y el “proceder correcto” de la diplomacia política fueron rotos de manera rotunda en el perfomance discursivo del escritor y próximo funcionario. El lenguaje y los protocolos de la política son acartonados y aburridos. El albur es un lenguaje gozoso que pone patas arriba a la normalidad de las convenciones lingüísticas o políticas. El albur es también un acto de resistencia política. Haciendo uso del doble sentido y la connotación sexual del albur, los indígenas y mestizos de los siglos que le siguieron a la conquista, resistieron ante la imposición lingüística, cultural y política de los españoles.
A partir de la lógica feminista, Taibo emitió una frase falocéntrica y machista que estaría siendo parte del perfil de un macho progre, que desde luego milita en la izquierda. El “falo” es símbolo del poder del macho y cuando es mencionado como objeto del acto sexual en una penetración, es movilizado hacia la dominación o humillación del otro(a). Más aún, al referir al “falo” como un objeto que se “mete doblado”, tal como lo hizo Taibo II, se hace referencia a un poder falocéntrico exaltado, multiplicado por dos en su posibilidades de dominación o humillación.
A partir de la lógica de los militantes duros de la izquierda, la mención es un acto de congruencia de un escritor y activista que no tiene pelos en la lengua y que resultará incómodo en todo momento. Desde esta misma lógica, el performance discursivo de Taibo es un acto triunfalista que enmarca lo que tal vez sean los últimos rastros del festejo poselectoral morenista, antes que el ejercicio de gobierno complique las posibilidades de cumplir las promesas de campaña.
Una de las cualidades más notorias de Taibo es la franqueza, cuestión que resulta extraña en la política. Entre los políticos, las habilidades discursivas son usadas para jugar con la ambigüedad, la vaguedad o los vacíos que llevan al desfondamiento del discurso. Los políticos se han encargado de llevar a las palabras al desbarrancadero ético y político. Las palabras de los políticos están llenas de artimañas. Los políticos no dicen todo lo que se requiere decir y solo dicen lo que resulta útil ante la coyuntura del momento. Los discursos de los políticos se juegan de manera pragmática, haciendo uso de trampas retóricas y de silencios convenidos.
La franqueza de Taibo es una incómoda piedra en el zapato para los morenistas, es también una rotunda ruptura con la “convencionalidad del lenguaje” y la “diplomacia política” de las derechas, cuyo agujero existencial es el territorio de lo “políticamente correcto”. Taibo es un militante incómodo para la izquierda y para la derecha, que ha prometido hacer la tarea del FCE desde la calle y no desde un escritorio. La postura de Taibo es una manera de colocarse por afuera de la convencionalidad y de las oficinas donde se refugian los políticos.
La militancia intelectual y política de Taibo rompe los moldes y los seguirá rompiendo. Si eso no se concibe como una forma de darle frescura a la acción intelectual y política, al menos se concebirá como una incomodidad permanente que dejará mucho por pensar y por decir.
Esta debe ser una de las cualidades elementales de la militancia de un intelectual de izquierda en la política del siglo XXI, transformar al mundo a través de la incomodidad de lo pensado y lo dicho. Cuando lo que se piensa y lo que se dice genera incomodidad, las piezas del rompecabezas del “statu quo” del mundo se fisuran, se desestabilizan o se mueven de lugar.

La indolencia del gobierno en el asesinato de los defensores del bosque (Artículo publicado en el sitio electrónico de "Aserto" - 5 de noviembre de 2018)

I.- El asesinato de los defensores de los recursos naturales en América Latina en los últimos años,  puede leerse como el fracaso reiterado de la acción gubernamental. Los gobiernos han sido rebasados o coludidos por los intereses empresariales y por el crimen organizado que han extendido sus negocios al control de los territorios que pueden ser explotables por sus recursos naturales (madera, minerales, petróleo, gas, agua, etc.).
Si los asesinatos de activistas no se detienen, si las amenazas de muerte continúan y las acciones de gobierno son insuficientes, se puede entender que el gobierno ha fracasado en su tarea de proteger a las personas y las organizaciones que luchan por la tierra y los recursos naturales. La actuación fallida del gobierno ante los asesinatos de activistas se ha convertido en un mecanismo que se repite una y otra vez.
Primero están las denuncias de los activistas que han sido amenazados de forma recurrente. Vienen después las reacciones insuficientes de los gobiernos para protegerlos. Luego tienen lugar los asesinatos que se cuentan por decenas en México y el mundo. Y al final, las borrosas promesas para resolver los crímenes que en su mayoría han quedado impunes. Es un círculo vicioso que demuestra la incapacidad o la falta de voluntad de los gobiernos para detener los asesinatos de activistas.
Los gobiernos fallidos son algo más que un fracaso. La falta de capacidad gubernamental para resolver el problema trae consigo los rastros de la indolencia. La omisión que desemboca en la impunidad es una complicidad asumida en los hechos.  

II.- Unas horas antes de ser asesinado en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo,  Julián Carrillo Martínez realizó una llamada con el teléfono satelital que las autoridades del gobierno le proporcionaron como parte de las medidas de protección. El defensor del bosque chihuahuense era beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El líder indígena salió de su casa ante el acecho de un grupo de sicarios y realizó una llamada desde el monte. Fue lo último que se supo de él, antes de ser asesinado. Las autoridades de gobierno quedaron a cientos de kilómetros del lugar del asesinato, mientras la voz de Julián y el ruido del teléfono se apagaron de forma abrupta.
El mecanismo de protección de la SEGOB para Julián Carrillo Martínez se ejerció de manera dilatada y a distancia. Después de haber sido solicitado, las autoridades tardaron 17 meses para echar a andar este mecanismo que consistió solamente en facilitarle un teléfono satelital al activista.
Entre el lugar del asesinato de Julián Carrillo Martínez y las acciones de protección por parte de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía del Estado, quedó una distancia enorme. Es la distancia de la que brotan la impunidad y la indolencia gubernamental.

III.- Los asesinatos de los indígenas defensores del bosque chihuahuense, son una forma de hacer política y de hacer negocios que ha sido redituable para algunas empresas, para  los grupos criminales y para otras personas que resultan beneficiarias del saqueo de los recursos naturales. Los asesinatos de activistas e integrantes de la sociedad civil han sido concebidos por Achille Mbembe a partir de la idea de las “máquinas de guerra” (“Necropolítica, 2011): 
“Estas máquinas se componen de facciones de hombres armados que se escinden o se fusionan según su tarea y circunstancias. Organizaciones difusas y polimorfas, las máquinas de guerra se caracterizan por su capacidad para Ia metamorfosis. Su relación con el espacio es móvil. Algunas veces mantienen relaciones complejas con las formas estatales (que pueden ir de Ia autonomía a Ia incorporación)… Una máquina de guerra combina una pluralidad de funciones. Tiene los rasgos de una organización política y de una sociedad mercantil. Actúa mediante capturas y depredaciones y puede alcanzar enormes beneficios. Para permitir Ia extracción de carburante y Ia exportación de recursos naturales localizados en el territorio que controlan, las máquinas de guerra forjan conexiones directas con redes transnacionales (empresariales).”  
Las “máquinas de guerra” son un mecanismo depredador de los recursos naturales que usa  la violencia y el asesinato como formas de control y sometimiento de las poblaciones. Máquinas políticas que funcionan como máquinas mercantilistas. No importa si se generan por unos u otros intereses empresariales, si se conectan con un cartel u otro, si construyen relaciones con una u otra de las administraciones gubernamentales, la lógica es la misma: saquear los recursos disponibles y asesinar a quienes se opongan a ello.
¿Cuál es el grado de omisión o de colusión entre las autoridades políticas,  los empresarios y el crimen organizado para que estas “máquinas de guerra” sigan funcionando tal como lo hacen? ¿Cuál es el grado de responsabilidad gubernamental y/o empresarial en el funcionamiento de estas “máquinas de guerra” que han asesinado a quienes se oponen a sus formas de hacer política y negocios?  
La incapacidad y la impotencia del gobierno federal y del gobierno estatal para responder ante estas “máquinas de guerra” dejan muchas preguntas en el aire. Las formas de gobernar ante el crimen organizado son, cuando menos,  un  “laissez faire, laissez passer” (“dejar hacer, dejar pasar”) que llega a un determinado grado de complicidad.
Puede afirmarse que de manera directa o indirecta, los gobiernos y los empresarios son partícipes de estas “máquinas de guerra”.

IV.- Las cifras del INEGI siguen posicionando al estado de Chihuahua como uno de los primeros productores mineros en México. Durante el año 2017 Chihuahua fue el segundo lugar en producción de plata a nivel nacional, con 66 mil 634 toneladas. Fue también el tercer productor de oro, con 1511 toneladas. En la producción de plomo y zinc, Chihuahua tuvo el segundo lugar en el país, con 3 mil 373 y 9 mil 169 toneladas. Los montones de dinero que se generan con la industria minera en Chihuahua son una bolsa demasiado jugosa.
Las cifras del desarrollo minero en Chihuahua corren paralelas a las cifras de asesinatos de activistas que defienden los recursos naturales. En enero de 2017, fue asesinado Isidro Baldenegro en Coloradas de la Virgen, Chihuahua. Unas semanas después,  fue asesinado Juan Ontiveros Ramos, en la comunidad de Choreachi, Chihuahua.
El pasado 25 de octubre fue asesinado Julián Carrillo Martínez, también en la comunidad de Coloradas de la Virgen. El caso de Carrillo Martínez destaca por la violencia a la que ha sido sometida la familia en su conjunto, el 5 de febrero de 2016 fue asesinado su hijo Julián, su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco fue ultimado el 1 de julio de 2016, otro sobrino de nombre Alberto Quiñónez Carrillo fue asesinado el 1 de julio de 2017, y un año después fue ultimado su yerno Francisco Chaparro Carrillo.
El asesinato de los activistas está ligado a la explotación ilegal de los bosques y a la instalación de compañías mineras extranjeras en la sierra de Chihuahua.  En un comunicado de prensa fechado el 25 de octubre pasado, activistas y organizaciones sociales de Chihuahua ligan el asesinato de Julián Carrillo Martínez con la presencia de compañías mineras en la sierra de Chihuahua:
“Hace una semana, en el marco de la revisión de la mesa ambiental del plan de contingencia, uno de los beneficiarios del Mecanismo expresó ante organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales y federales su preocupación por la violencia al interior de la comunidad y por las cuatro concesiones mineras otorgadas irregularmente a sus agresores.” (En: http://cedehm.blogspot.com/2018/10/activistas-y-organizaciones-de-derechos.html).
La organización Global Witness emitió recientemente un informe que analiza los datos de los asesinatos de los defensores de la tierra y el medio ambiente en el mundo. El continente americano es la región con el mayor número de activistas asesinados durante el año 2017, con 121 casos. El año pasado fueron asesinados en México 15 activistas.
Los asesinatos documentados por Global Witness identifican “sectores específicos que las personas defensoras habían desafiado antes de su asesinato”. Estos sectores están ligados a la industria cuyo funcionamiento se traslapa entre lo legal y lo ilegal. Del total de los asesinatos cometidos en el 2017 en el mundo, 46 están ligados a la industria agroalimentaria, 40 a la industria minería y 23 a la explotación forestal.
El informe de Global Witness refiere que sobre los defensores de la tierra y el medio ambiente opera una red que hace uso de medios  violentos que lo mismo provienen de instituciones gubernamentales que de otras instancias. Los activistas viven sometidos a una serie de presiones como: acoso por parte de autoridades judiciales, vigilancia ilegal, ataques violentos, amenazas y ataques a la familia, chantaje, desaparición forzada y prohibiciones de viaje.
La violencia a la que se ven sometidos los defensores del bosque en Chihuahua es una constante que ha entrado en una vorágine en los últimos años. La fórmula que hace funcionar esta “maquinaria de guerra” que los mismo es política que mercantil,  opera bajo una triple lógica: la ambición desmedida de las compañías mineras y forestales que buscan explotar hasta el último milímetro de recursos naturales que puedan ser mercantilizados, la rapacidad de los grupos del crimen organizado que buscan una tajada del pastel en el negocio y la inacción gubernamental que lo mismo puede ser muestra de la incapacidad que de la complicidad.

Las trampas del neoliberalismo: aeropuertos y deudas que someten (Artículo publicado en el sitio electrónico de "Aserto" - 31 de octubre del 2018)


I.- El neoliberalismo es mucho más que una teoría económica o política. La potencia del neoliberalismo está presente en los territorios más diminutos de la cotidianeidad. La historia de la vida diaria de las personas puede ser explicada en clave neoliberal. Los pasadizos del neoliberalismo forman parte de un laberinto que se extiende desde los corredores comerciales, los mall's y los parques industriales, hasta lo más recóndito del consciente o el inconsciente colectivo.
El neoliberalismo funciona mediante dispositivos que capturan la vida de las personas en el tablero de la mercantilización. Uno de los dispositivos más funcionales de esta captura es la obsolescencia programa. Un aparato celular, un televisor inteligente, un automóvil, etc., tienen un tiempo de vida determinado y deben ser desechados y reemplazados al momento siguiente de su caducidad. Se trata de sepultar lo viejo para abrirle paso a lo nuevo mediante la mercantilización infinita de productos y servicios.
Lo simbólico del pasaje bíblico que alude la multiplicación de los panes y los peces fue leído de manera torcida, los neoliberales buscan multiplicar sus inversiones y sus ganancias a costa de lo que sea, incluso a costa de las vidas de las personas. Zayak Valencia concibe al crimen organizado y la violencia que ha desatado, como una manifestación extrema del capitalismo en su fase neoliberal (“Capitalismo gore”, 2010).
Todo es comercializable, todo puede ser concebido como si fuera una mercancía, incluidos los cuerpos de los asesinados por los sicarios, los cuerpos de los secuestrados y los cuerpos de las personas sometidas a la trata de blancas.

II.- Las formas de funcionamiento del neoliberalismo en América Latina, han convertido al ejercicio de gobierno en un territorio de intercambios a modo. La Casa Blanca que el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú le obsequió a Peña Nieto, es una pequeña muestra de los intercambios que se dan entre políticos y empresarios. Hinojosa Cantú y la constructora Higa han sido los contratistas preferidos de Peña Nieto, durante su paso por el gobierno en el estado de México y durante el sexenio presidencial que concluye en 2018.
Las bolsas del dinero gubernamental son jugosas y la tentación de convertirlas en ganancias es permanente. En los intercambios comerciales donde están presentes los presupuestos de los gobiernos, los tratos ventajosos y la corrupción son una constante.
La venta de medicamentos con sobreprecio a las instituciones de salud pública, los servicios médicos subrogados a hospitales privados, los ahorros pensionarios de los trabajadores invertidos en la construcción del aeropuerto de la ciudad de México, las autopistas concesionadas por décadas a empresas privadas, la venta de deuda pública para mejorar la infraestructura escolar a través del programa “Escuelas al cien” en el sexenio de Peña Nieto, la inversión del presupuesto estatal de Chihuahua en Unión Progresa con la intención de constituirlo en un banco cuyo accionista mayoritario sería César Duarte.
Se trata de hacer negocio con el presupuesto público bajo las premisas del neoliberalismo. Los políticos desean convertirse en empresarios o banqueros, mientras los empresarios buscan ser candidatos a algún puesto de elección popular. Lo que mueve a unos y otros, es el dinero del poder o el poder del dinero, que en el capitalismo de compadres se confunden bajo las sombras de la corrupción, la malversación y el saqueo del presupuesto público.

III.- Es necesario analizar a profundidad los mecanismos de funcionamiento del neoliberalismo que impactan en las formas de gobierno. La historia reciente nos muestra las maquinarias neoliberales que controlan a los gobiernos de derecha y de izquierda.
Immanuel Wallerstein plantea una tesis que resulta desalentadora por su pesimismo (“El moderno sistema mundial”, 4 tomos): La hegemonía del capitalismo en los siglos XIX, XX y XXI, es de tal grado que las mismas fuerzas de la izquierda han sido sometidas por la lógica del capital. Los proyectos gubernamentales de la izquierda están sobre-determinados por el capitalismo en su fase neoliberal. La izquierda no ha logrado escapar de esta dominación que se proyecta hacia el siglo XXI.
La captura neoliberal en el gobierno de López Obrador comienza a manifestarse en el caso del aeropuerto de la ciudad de México. El gobierno de Javier Corral ha quedado capturado por el neoliberalismo a través del mecanismo de la deuda pública. También en el gobierno de López Obrador, la deuda pública es uno de los factores del dominio neoliberal.

IV.- El mapa neoliberal del aeropuerto de Texcoco se lee a partir de la danza de números que significan al dinero. Cuando el dinero se acumula sobre el dinero, cuando las cifras de la matemática neoliberal se acumulan unas sobre otras, se construye un territorio simbólico en el que las vidas de las personas y la existencia concreta del mundo, son trasladadas a un espacio de abstracción monetarizada.
Unos de los principios clave del neoliberalismo consiste en colocar al dinero y a la numerología macroeconómica por sobre las vidas de las personas. De esta forma, las vidas de las personas quedan cifradas y monetarizadas. Los altares del neoliberalismo en el siglo XXI son los montones de dinero, las cifras y porcentajes de la economía que se acumulan sobre sí mismos. La numerología del neoliberalismo ha tomado una forma religiosa.
Al día siguiente de la consulta sobre el aeropuerto, una parte de los argumentos neoliberales para descalificar los resultados fueron las cifras y los porcentajes de la matemática neoliberal: el aumento de la cotización del dólar frente al peso, la caída de la calificación crediticia de México, el aumento de la deuda pública, la amenaza latente sobre las tasas de interés.
Hacia el 2014 la información oficial admitió que el dinero necesario para construir el aeropuerto en Texcoco eran 169 mil millones de pesos. Ese mismo año la Secretaría de Hacienda refirió que el costo sería de 195 mil millones de pesos, debido a los ajustes inflacionarios. Posteriormente, se dijo que el costo llegaría a los 285 mil millones de pesos. Esta última cifra no es segura, de acuerdo al cálculo de la Academia de Ingeniería de México, el costo total del aeropuerto en Texcoco llegaría a los 439 mil millones de pesos (Enrique Galván Ochoa, “La Jornada”, 28 de septiembre de 2018).
No se sabe con certidumbre cuál sería el costo total del aeropuerto en caso de ser construido en Texcoco. Las cifras son imprecisas y pueden ser interpretadas a partir de las variaciones del mercado o de la especulación financiera. Una de las trampas de la matemática neoliberal es la imprecisión. La matemática neoliberal juega con la imprecisión que genera incertidumbres. En los territorios imprecisos de la matemática neoliberal se juegan las ganancias y las pérdidas que pueden ser manipulables.
Lo peor del caso es que la matemática neoliberal es un lenguaje que ya es hablado por los operadores de López Obrador. Para defender la construcción del aeropuerto en Santa Lucía o para construir un sistema aeroportuario, los lópezobradoristas comienzan a manejar cifras comparativas, cifras de pérdidas y ganancias. El lenguaje de la matemática neoliberal está instalado en los mismos argumentos que se emplean para echar abajo el aeropuerto de Texcoco. Este último es uno de los mayores triunfos del neoliberalismo.
La matemática neoliberal, las cifras y los porcentajes macroeconómicos instalados en el discurso lópezobradorista que refuta el aeropuerto de Texcoco y defiende al de Santa Lucía, son un síntoma de la dominación neoliberal sobre la izquierda. A lo largo del sexenio esas cifras que se expanden hacia cada uno de los rincones del manejo presupuestal y de las políticas públicas, serán la ortopedia para enderezar y someter al gobierno que tomará posesión el 1 de diciembre.

V.- El mecanismo de la deuda pública que se expande en la segunda mitad del siglo XX, es una de las formas de control neoliberal. El crecimiento exponencial de la deuda pública en México se desata a partir del sexenio de José López Portillo.
Durante los últimos tres sexenios la deuda creció de manera cuantiosa. En el sexenio de Vicente Fox la deuda total del país llegó al 23% del Producto Interno Bruto (PIB). Durante el sexenio de Calderón la deuda creció hasta el 33% del PIB y en el sexenio de Peña Nieto la deuda llegó al tope, con un 45% del PIB (“Sin embargo”, 17 de julio de 2018).
Al finalizar el sexenio de Peña Nieto, la deuda interna y externa llegó a los 10 billones 427 mil millones de peso. No está por demás recordar que un billón equivale a un millón de millones (1, 000, 000, 000, 000). De esa cifra estratosférica, en promedio cada mexicano debemos 180 mil pesos. Es imposible que López Obrador pueda solicitar más deuda. Con Peña Nieto se ha llegado al límite de la capacidad de endeudamiento.
El caso de endeudamiento en Chihuahua resulta muy similar al del país en su conjunto. Tomando en cuenta las cifras oficiales, la deuda pública en Chihuahua asciende a 47 mil 729 millones de pesos. César Duarte dejó una deuda que tendrá en jaque al gobierno de Chihuahua por varios sexenios.
El gobierno de Javier Corral, con el aval del Congreso del Estado, reestructuró parte de esta deuda hace algunos meses. Con la reestructuración, seis bancos se repartieron un monto de 20 mil 224 millones de pesos de la deuda pública en Chihuahua. El Banco Interacciones se quedó con 7 mil millones de la deuda del gobierno de Chihuahua, BBVA-Bancomer se quedó 4 mil 905 millones, Banorte con 3 mil 240 millones, Multiva con 2 mil 792 mil millones, Santander con 2 mil millones y el banco Banjío con mil millones de pesos (“El Diario de Chihuahua”, 1 de junio de 2018).
Las tasas de interés y los servicios que las instituciones bancarias cobran por el dinero prestado a los gobiernos son cuantiosas. El negocio es redondo para los bancos y los inversionistas. En el periodo comprendido entre enero y agosto del 2018, el gobierno de Chihuahua pagó mil 715 millones de pesos por concepto de intereses y servicios de la deuda. Tan solo en el mes de mayo de este año, se pagaron 238 millones 578 mil pesos, cantidad que supera por 43 millones a lo destinado al mismo concepto mensualmente durante el año 2017 (“El Diario de Chihuahua”, 22 de junio de 2018 y 22 de septiembre de 2018).
Entre los años 2016 y 2018 las tasas de interés en México pasaron del 5% al 7.75%, con el último aumento en el pasado mes de junio. Estos aumentos impactan directamente en los intereses que el gobierno del estado paga por la deuda contraída. Los accionistas de los bancos Interacciones, BBVA-Bancomer, Banorte, Multiva, Santander y Banjío se frotan las manos y se disponen a abultar sus fortunas en los años venideros con los cobros de la deuda al gobierno de Chihuahua.
En 1998 con el FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) los bancos fueron rescatados de su quiebra con dinero público que se sigue pagando. En los años posteriores, ya con las finanzas saneadas, los bancos se dispusieron a repartirse las rebanadas del pastel de la deuda pública del gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales. Es un lugar común recordar que en el neoliberalismo las pérdidas se socializan como en el caso del FOBAPROA, pero las ganancias se privatizan como en el caso de la deuda contraída por el gobierno del estado de Chihuahua.
La deuda pública en Chihuahua ha definido la agenda gubernamental de forma determinante. El gobierno de Corral ha sido colocado entre la espada y la pared por el mecanismo neoliberal del endeudamiento llevado al tope durante el gobierno duartista, que será reconocido como el más corrupto en la historia de Chihuahua

VI.- Un sexenio resulta demasiado pequeño para la ambición de los políticos y los empresarios. La obra pública del nuevo aeropuerto de la ciudad de México es transexenal. El mecanismo neoliberal del endeudamiento también es transexenal. El problema de la construcción del nuevo aeropuerto caminará del sexenio de Peña Nieto hacia el de López Obrador y se extenderá en los sexenios por venir. La deuda pública ha caminado desde el gobierno López Portillo hasta el de Peña Nieto, se extiende también desde el sexenio de César Duarte hasta los cinco años de gobierno de Javier Corral, y más hacia adelante todavía.
Los medios y los tecnócratas se han referido a los resultados de la consulta, que dan lugar a la cancelación del aeropuerto en Texcoco, como el “error de octubre”. Esta denominación alude al “error de diciembre” que tuvo lugar en el primer mes del gobierno de Ernesto Zedillo, en 1994. Esta forma de nombrar a los resultados de la consulta es también un mecanismo para concebir al mundo a partir de la lógica neoliberal. El “error de diciembre” de 1994 dio lugar a una crisis económica que terminó incubando al FOBAPROA. Lo que ha sido nombrado como el “error de octubre” de 2018, es un barrunto que amenaza con la presencia monstruosa del neoliberalismo bajo la forma de la crisis…

Paco Ignacio Taibo y el FCE, batallas intelectuales y políticas (Artículo publicado en el sitio electrónico de "Aserto" - 10 de octubre del 2018)


El nombramiento de Paco Ignacio Taibo como director del Fondo de Cultura Económica (FCE) ha desatado una polémica entre los intelectuales mexicanos. Fernando García Ramírez escribió en su columna de “El Financiero” un artículo que por su mismo título descalifica el papel que Taibo pueda desempeñar en esta institución: “El Fondo de Propaganda Económica” (8 de octubre de 2018).
En Chihuahua, Jaime García Chávez escribió también un artículo que pone en duda la labor de Taibo como virtual director del FCE (“Taibo II y el Fondo de Cultura Económica”, 8 de octubre de 2018). Los dos artículos mencionados cuestionan el nombramiento de Paco Ignacio Taibo y advierten que el FCE puede llegar a convertirse en un organismo propagandista para el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador y de Morena.
En los artículos de García Ramírez y García Chávez pueden leerse entre líneas una serie de indicios de las batallas intelectuales en el México reciente. En ambos textos se identifica una preocupación por el mantenimiento de una línea editorial del FCE que garantice una presunta “neutralidad”. A su vez, se dejan ver las secuelas del resultado electoral del 2018, que trajo consigo una derrota para el grupo de los paceanos.
La idea de la “neutralidad” es una aspiración difícil de cumplir en una época histórica caracterizada por la polarización ideológica y política. A partir de los debates que reclaman una “neutralidad”, es necesario plantear dos preguntas: ¿Qué es lo que trata de significarse con la idea de “neutralidad” ideológica o política en la conducción de una institución de la cultura en México? ¿Ha existido “neutralidad” ideológica o política en el manejo de las instituciones de la cultura en México, desde el gobierno de Salinas hasta la fecha?
Cuando tiene lugar una confrontación, la postura de la “neutralidad” termina beneficiando a alguna de las partes en disputa. En el caso de la disputa entre la izquierda y la derecha intelectual en México, la idea de “neutralidad” que ha sido defendida por los paceanos, se ha convertido en uno de los puntales del neoliberalismo. El territorio de la “neutralidad” liberal o neo-liberal es una coartada que ha sido usufructuada por los intereses de poder en los gobiernos panistas o priistas.
Una de las formas de entender la historia de la cultura se lee a partir de la conformación de grupos de intelectuales que se relacionan con el poder político y económico. Las luchas por el poder se libran en los territorios de la política y de la intelectualidad. El nombramiento de Taibo en el FCE forma parte de esta lógica cruzada.
Una fotografía reciente de Paco Ignacio Taibo, traza de manera simplificada el mapa de los grupos de poder que se han formado entre los intelectuales mexicanos. Con ambas manos, Taibo abre su camisa de mezclilla desabrochada y a la manera de un superhéroe muestra una playera con un mensaje rotundo: “Menos Paz y más Revueltas”. Esta leyenda deja ver la confrontación entre los intelectuales de derecha en México, que se han agrupado en torno a la figura y el proyecto de Octavio Paz, y los intelectuales de izquierda, que han convertido en íconos a las figuras de José Revueltas y Efraín Huerta.
Desde la década de 1990 hasta la fecha, es notorio el dominio de los intelectuales que se han agrupado en torno a la figura de Octavio Paz. El dominio de los paceanos puede rastrearse a partir de proyectos como: la revista “Letras Libres”, el CONACULTA y la Fundación para las Letras Mexicas.
“Letras Libres” es la revista de cultura más importante en México, con una presencia también de peso en España y América Latina. Esta revista es la heredera de las revistas “Plural” (1971-1976) y “Vuelta” (1976-1998), que fueron encabezadas por Octavio Paz. En la revista “Letras Libres” se condensa el pensamiento neo-liberal que Octavio Paz y Enrique Krauze han impulsado desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En junio de 2006, durante el proceso electoral en el que fue electo el panista Felipe Calderón, en la revista “Letras Libres” se publicó un ensayo escrito por Enrique Krauze, que atacó frontalmente a López Obrador: “El mesías tropical”. Este ensayo es sintomático en las confrontaciones entre la derecha y la izquierda intelectual en México.
El CONACULTA fue fundado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como una institución cuyos propósitos son promover la cultura y conceder espacios de poder político y económico a los intelectuales. Desde los años del gobierno de Salinas, el CONACULTA se convirtió en una institución de beneficios mutuos entre la clase política y los intelectuales.
En la última década del siglo XX tuvo lugar una dura confrontación en la intelectualidad mexicana. En 1990, después de la caída del muro de Berlín y la Perestroika, la revista “Vuelta” encabezada por Octavio Paz, organizó en alianza con Televisa el coloquio “La experiencia de la libertad”. En este evento las voces de la izquierda fueron disminuidas para abrirle paso a las voces que han defendido al proyecto neo-liberal. El coloquio de 1990 fue una de las jugadas políticas que apuntalaron al gobierno de Salinas, después del fraude electoral de 1988. La alianza entre Octavio Paz y el gobierno de Salinas fue muy visible.
En respuesta al primer coloquio, la revista “Nexos”, en alianza con la UNAM y el CONACULTA organizaron el “Coloquio de invierno” en 1992. El conferencista magistral de este evento fue Eric Hobsbawm, un historiador inglés de línea marxista. La intención del segundo coloquio resultó obvia: la generación de una plataforma para reposicionar a la izquierda intelectual en México.
Aquella confrontación terminó siendo capitalizada por los paceanos. Después del segundo coloquio, Octavio Paz y los integrantes de la revista “Vuelta” escribieron una serie de artículos en los que reclamaban a los organizadores del coloquio de “Nexos” el hecho de no haber sido incluidos en el evento. En ese entonces, Octavio Paz renunció como jurado del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Las confrontaciones y la polémica generada entre los integrantes del grupo “Vuelta” y los integrantes del grupo “Nexos”, desembocaron en la remoción del director del CONACULTA. Después de aquella batalla intelectual, fue nombrado al frente del CONACULTA, Rafael Tovar y de Teresa, quien fue impulsado por Octavio Paz. Desde aquel momento, en los laberintos donde se anuda el poder intelectual con el poder político, ha sido notorio el dominio de los paceanos en México.
Durante el sexenio de Peña Nieto, entre los años 2012 y 2015, Rafael Tovar y de Teresa tuvo un segundo periodo como director del CONACULTA. La concesión que Carlos Salinas de Gortari le hizo a Octavio Paz en 1992, se extendió hasta el segundo nombramiento de Tovar y de Teresa en los años recientes.
En 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, fue constituida la Fundación Octavio Paz, que tenía por objetivo “la preservación, la difusión y el estudio” de la obra del poeta mexicano. Esta fundación fue financiada por once empresarios mexicanos, quienes donaron un millón de dólares cada uno: Alfonso Romo Garza, Alberto Bailleres, Germán Larrea, Emilio Azcárraga Jean, Carlos Slim, Manuel Arango, Antonio Ariza, Isaac Chertorivsky, Carlos González Zabalegui, Bernardo Quintana, y Fernando Senderos. El gobierno federal puso su parte y la Fundación Octavio Paz se formó con una bolsa cercana a los 100 millones de pesos.
Entre los nombres de los patrocinadores de la Fundación Octavio Paz, destaca el de Alfonso Romo, uno de los operadores de primera línea del próximo gobierno de López Obrador. Destacan también los nombres Alberto Bailleres y Germán Larrea, quienes se pronunciaron en contra de López Obrador en el proceso electoral del 2018 y posteriormente fumaron la pipa de la paz con el tabasqueño.
Al paso de los años, el propósito original de la Fundación Octavio Paz fue dejado a un lado y se generó un conflicto que tuvo lugar durante el gobierno de Vicente Fox. En el año 2003, este organismo tomó el nombre de Fundación para las Letras Mexicanas (FLM). El trabajo más notorio de la FLM ha sido el otorgamiento de becas a los jóvenes creadores en diferentes áreas artísticas. Ser becario de la FLM es una de las mayores aspiraciones para los jóvenes creadores en México.
En el año 2014 la revista “Proceso” publicó un artículo sobre las confrontaciones y los malos manejos en la Fundación para las Letras Mexicanas, señalando los nombres de Miguel Limón Rojas, secretario de educación con Zedillo, y del escritor Eduardo Langagne (“Fundación para las Letras Mexicanas, vividores en nombre de Paz”).
Las instituciones de la cultura en México están atravesadas por intereses de poder político y económico. El nombramiento de Paco Ignacio Taibo al frente del Fondo de Cultura Económica es un capítulo más de las batallas intelectuales pasadas y futuras. López Obrador y Morena comienzan a construir sus bastiones de lucha en las instituciones de gobierno, estas jugadas se irán asentando a partir del 1 de diciembre próximo.
Solicitar “neutralidad” en la conducción de las instituciones de la cultura durante el gobierno de López Obrador, en el contexto de las batallas intelectuales y políticas en el México reciente, es una petición que muestra una alta dosis de “inocencia”.
Pero las batallas intelectuales seguirán librándose en los territorios de la ideología y la política, sobre los triunfos o las derrotas electorales, más allá del reclamo de una “neutralidad” que no es totalmente “neutral”, y más allá de la manifestación de una “inocencia” que no es del todo “inocente”…

Ayotzinapa y Tlatelolco, las similitudes evidentes (Artículo publicado en el sitio electrónico de "Aserto" - 2 de octubre de 2018)


1.- Desde luego que hay una serie de similitudes entre los casos de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, y la masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968. En ambos casos los protagonistas fueron estudiantes que buscaron caminos políticos que reclaman un México diferente.
En ambos casos, no hay todavía una verdad que haya sido demostrada con evidencias suficientes por parte de las autoridades oficiales. En ambos casos la actuación del gobierno federal (de Enrique Peña Nieto y Gustavo Díaz Ordaz respectivamente) ha quedado definida por las omisiones, el ocultamiento de información,  la tergiversación de los hechos y la impunidad.
En ambos casos va quedando demostrada la participación del ejército en crímenes cometidos contra la sociedad civil. También en ambos casos las investigaciones realizadas por académicos y periodistas van arrojando las evidencias y las explicaciones más sólidas en la reconstrucción de los hechos y en las posibilidades de acercarse a la verdad.

2.- La supuesta “verdad histórica” sobre el caso de la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa es una farsa.  Esta “verdad fue” fabricada por el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam y asumida en el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.
No ha quedado demostrada la participación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y de su esposa, que aún están presos por estos acontecimientos.
No ha sido demostrada la participación del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas.
Tampoco se ha demostrado que los estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” fueron quemados en el basurero de Cocula y que sus restos fueron arrojados al río San Juan.
A lo largo de la investigación realizada  por la PGR se fabricaron culpables, entre los que destacan 4 “albañiles” de Cocula que fueron convertidos en “sicarios”.
La sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas emitida el 31 de mayo pasado, señala que la investigación que llevó a cabo la PGR no fue “independiente ni imparcial”. La “verdad histórica” de Murillo Karam y de Peña Nieto se obtuvo mediante la tortura de los acusados,  y sin hacer una investigación sobre la participación de miembros del ejército y de la policía federal en la desaparición de los normalistas.  
Hay 55 funcionarios del gobierno de Peña Nieto que han sido investigados por tortura en el caso Ayotzinapa. Las mismas investigaciones internas de la PGR han arrojado que 19 de estos 55 funcionarios,  sí participaron en actos de tortura.
En la desaparición de los normalistas hay evidencias de la participación de soldados integrantes del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, Guerrero. Cuando desaparecieron los normalistas, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, integrantes del ejército estuvieron a cargo de las cámaras de vigilancia del C4, en Iguala. Diversas investigaciones han mostrado evidencia de que los videos tomados por esas cámaras fueron manipulados.
También ha quedado demostrada la presencia de cartuchos del calibre 7.62 x 51 en la escena del crimen de la calle Juan N. Álvarez y Santa Teresa, en Iguala, lugar donde ocurrió uno de los ataques contra los normalistas. Los cartuchos 7.62 x 51 son empleados en los fusiles G3, que son de uso exclusivo del ejército (“La verdadera noche de Iguala, Anabel Hernández, 2016).

3.- En el caso de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, las versiones pro-gobierno han intentado sostener que en esos acontecimientos tuvo lugar la injerencia de actores extranjeros (agentes rusos y cubanos), quienes en el marco de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, pretendían desestabilizar a México. Esta afirmación se ha desmoronado al paso de los años.
En 1998 el gobierno de Estados Unidos desclasificó 30 documentos de su política exterior relacionados con la matanza de Tlatelolco. Uno de estos documentos de la CIA, un memorándum enviado a la Casa Blanca por Walt Rostow (asesor de seguridad nacional del presidente Jhonson), demuestra que la versión oficial sobre la intervención extranjera en el conflicto de 1968 carece de sustento. Un fragmento de este memorándum plantea lo siguiente:
“Usted pregunta en qué medida los comunistas cubanos u otros grupos extranjeros están involucrados en los disturbios mexicanos de esta semana. El análisis de la CIA… concluye que las manifestaciones estudiantiles surgieron por conflictos políticos internos y no por manipulaciones de cubanos ni de soviéticos…”
La investigación que Carlos Montemayor hace  sobre  algunos de los documentos desclasificados en Estados Unidos en 1998, en el libro “La violencia de estado en México. Antes y después de 1968” (2010),  demuestra que las movilizaciones estudiantiles de hace 50 años no fueron provocadas por agentes cubanos o soviéticos.

4.- Las investigaciones realizadas por académicos y periodistas sobre la matanza de Tlatelolco en 1968 aportan datos sobre la participación directa del ejército. Ha quedado evidenciada la participación del Batallón Olimpia en la matanza de Tlatelolco, son los soldados del guante o el vendaje blanco en la mano izquierda, que tenían como objetivo capturar a los líderes del movimiento estudiantil. En diversas fotografías tomadas el 2 de octubre de 1968, se observa con toda claridad a militares vestidos de civil, armados y con un guante o un vendaje blanco en la mano izquierda, participando en las redadas que siguieron después de la masacre.
Los datos arrojados por los documentos del general Marcelino García Barragán que se analizan en el libro “Parte de guerra” (1999),  escrito por Julio Scherer y Carlos Monsivais, demuestran que la actuación del Batallón Olimpia el 2 de Octubre del 68 está ligada al nombre de tres militares: el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, el coronel Gómez Tagle y el capitán Careaga.
Las acciones del Batallón Olimpia, fueron respaldadas por la “Operación Galeana”, al mando del general Cristóforo Mazón Pineda.  El informe de Mazón Pineda sobre la “Operación Galeana” plantea una lista de 3 unidades militares, que se colocaron en las calles aledañas a la Plaza de la Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de Octubre de 1968:
- En el monumento a la Raza, se apostaron soldados de 40 Batallón de infantería y a dos compañías del 19 Batallón de Infantería, que estuvieron al mando del Coronel Alberto Sánchez López.
- Sobre la calle Manuel González e Insurgentes, se apostó el Batallón de Fusileros y Paracaidistas y el Primer Batallón del Cuerpo de Guardias Presidenciales, al mando del general Brigadier José Hernández Toledo.
- En la Estación Buenavista, se apostaron el 43 y 44 Batallón de infantería, al mando del Coronel Armando del Río Acevedo.
Estas tres unidades militares ingresaron a la Plaza de las Tres Culturas durante el enfrentamiento y apoyaron las acciones del Batallón Olimpia, cuyos integrantes participaron infiltrándose entre los asistentes al mitin de la Plaza de las Tres Culturas.
Los mismos documentos del General Marcelino García Barragán, analizados en el libro “Parte de Guerra”,  dejan en claro que los francotiradores que se apostaron en los edificios aledaños a la Plaza de las Tres Culturas, eran militares que integraban al Estado Mayor Presidencial. Nunca logro comprobarse que los estudiantes y asistentes al mitin de la Plaza de las Tres Culturas portaran o dispararan alguna arma.
Las diversas evidencias documentales que se tienen a la mano, demuestran la participación del ejército en la masacre del 2 de octubre. Un informe que Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la Dirección Federal de Seguridad, le entregó al presidente Gustavo Díaz Ordaz, refiere que 373 personas fueron ingresadas al Campo Militar Número 1 en la ciudad de México. En los años posteriores a 1968, el Campo Militar Número 1 se convertiría en un símbolo de los desaparecidos durante la guerra sucia.

5.- Durante 30 años, entre 1968 y 1998, los archivos gubernamentales sobre la matanza de Tlatelolco fueron material clasificado. Cuando el Archivo General de la Nación puso a disposición estos archivos para ser consultados, el material ahí encontrado resultó irrelevante. La Doctora Patricia Galeana exdirectora del Archivo General de la Nación narra lo siguiente sobre el manejo de los archivos de interés presidencial:
“…la norma parece ser que los presidentes carguen con todo. López Portillo tiene en su biblioteca de Cuajimalpa los archivos de su sexenio, e incluso se los ha facilitado a algunos investigadores, entre ellos su propio hijo José Ramón… como no hay una ley que obligue a los presidentes a entregar los archivos, pues han mandado al AGN lo que han querido. Y si no querían hacerlo, no mandaban nada. Claro, unos actuaban con dolo y otros simplemente se llevaban los documentos porque creían que les pertenecían…” (“Destrucción y ocultamiento de archivos”, revista “Proceso”, 28 de enero de 2002).
Según Galeana, el único que le sacó provecho a los archivos sobre Tlatelolco que se abrieron 30 años después de la masacre, fue el investigador Sergio Aguayo, quien escribió el libro “1968. Los archivos de la violencia” (1998) a partir de este material.
Con la entrada del gobierno panista de Vicente Fox, las expectativas sobre la clarificación de los acontecimientos de Tlatelolco se reavivaron. Pero Fox se negó a formar una Comisión de la Verdad para investigar el caso. Para cumplir su promesa de campaña sobre este tema, el gobierno de Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que entró en funciones en el año 2001.
Esta Fiscalía tuvo a su disposición un número cuantioso de documentos del Archivo General de la Nación y de otras instancias sobre 1968. Pero no queda claro donde quedaron esos materiales, que en un principio se ordenaron en una lista y que después quedaron en desorden o desaparecieron subrepticiamente. Según la versión de Kate Doyle, encargada del programa México National Security Archive, de Estados Unidos, la Fiscalía nombrada en el sexenio de Fox “no habrá servido para clarificar el pasado”, sino más bien, “para identificar el material más dañino y peligroso que hay en los archivos a fin de removerlo para siempre” («Pérdidas “documentadas”», revista “Proceso”, Edición Especial Num. 23).  
Queda claro que el  gobierno panista de Vicente Fox fue partícipe en el ocultamiento de información sobre lo sucedido en Tlatelolco en 1968.
La verdad sobre Tlatelolco y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sigue siendo una deuda en los términos de impartición de la justicia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene compromisos por cumplir sobre ambos acontecimeintos…

El gobierno de Corral y la delgada línea del fracaso (Artículo publicado en el sitio electrónico de "Aserto" - 11 de septiembre de 2018)


En los análisis y valoraciones del gobierno de Javier Corral se identifican dos posturas. De un lado, están quienes defienden el desempeño del gobierno de Corral, son los ciudadanos, periodistas y funcionarios que justifican o reconocen el desempeño de la actual administración estatal. Del otro lado, están quienes critican con mayor o menor intensidad las acciones del gobierno local. Mientras avanza el ejercicio de gobierno, los argumentos de los defensores de Corral se debilitan, al mismo tiempo que se fortalecen los argumentos de quienes han tomado una postura crítica.
La postura de los defensores de Corral se identifica en las redes sociales y en los órganos oficiales de este gobierno: el periódico “Cambio 16” y la gacetilla “Puntualizando” que aparece principalmente en el radio. Hay otros medios periodísticos que defienden al gobierno del estado, este es el caso del Canal 28, que se ha convertido en un medio oficialista.
La postura crítica al gobierno de Corral se manifiesta también en las redes sociales y en los medios periodísticos. El medio que más destaca por su postura crítica es “El Diario” en sus ediciones de Chihuahua y Juárez. El desempeño de “El Diario” amerita un análisis a profundidad en el manejo de su línea editorial, tomando en cuenta la calidad de las notas que se han publicado.
De inicio se observa que las notas publicadas por “El Diario” poseen una doble cualidad. Hay notas que se basan en el periodismo de investigación, que develan información significativa y sensible en la crítica al gobierno de Corral (por ejemplo la nota: “Funcionario da contratos millonarios a cuñada. Amor, dinero y… gobierno”, 10 de septiembre de 2018). A su vez, al criticar al gobierno del estado este periódico publica notas que ponen atención en información somera, cuya calidad resulta debatible (por ejemplo la nota: “Presume Corral a sus gatos tras masacre”, 4 de agosto de 2018).
Desde sus inicios, el gobierno de Corral comenzó una operación para desmantelar el aparato gubernamental que ha financiado a la prensa local. Se publicaron las cifras de las partidas que el gobierno de Duarte invirtió en los medios. Junto a lo anterior, el gobierno del estado inició una cruzada para descalificar a los medios y los periodistas que han sido críticos ante su desempeño. Desde luego que esta variable no debe ser desestimada.
Es posible que la crítica que algunos medios y periodistas hacen sobre el desempeño de Corral, pudiese ser disminuida o eliminada si continúan los mismos mecanismos de financiamiento a la prensa que se ejercieron con César Duarte. En México, el ejercicio periodístico no ha sido blindado ante los diversos mecanismos del chayote.
Pero el argumento corralista que descalifica de manera generalizada al ejercicio periodístico en Chihuahua, tiene un punto que muestra su debilidad en los hechos. El mecanismo de beneficios mutuos que Duarte y otras administraciones estatales generalizaron mediante el financiamiento gubernamental a la prensa, está siendo repetido en la relación entre el gobierno del estado y el Canal 28.
Corral intentó romper una relación oficialista con la prensa, mediante una reingeniería que busca reducir y controlar la inversión en este rubro. Pero a partir del financiamiento del gobierno del estado en el Canal 28, y la línea editorial que este medio ha mantenido sobre el desempeño de este gobierno, se identifica una relación simbiótica. A dos años de iniciado el gobierno de Corral, lo que pudo haber sido una nueva forma de relacionarse entre el gobierno local y los medios, queda en entredicho.
Desde luego que un árbol (la sola relación simbiótica del gobierno de Corral con el Canal 28) no es todo el bosque (el cúmulo de relaciones del gobierno de Corral con todos los medios periodísticos en Chihuahua). Pero la sola relación simbiótica entre el gobierno del estado y el canal 28, demerita la posibilidad de una defensa del papel que el corralismo ha jugado ante los medios.
Lo que le va quedando a Corral en su defensa es la Iniciativa de Ley para la Asignación de Publicidad Oficial que está en trámite en el Congreso Local. Pero una cosa es la posible aprobación de esta Ley en el Congreso, otra cosa es su posible aplicación en el ejercicio de gobierno, y algo distinto es la relación que el gobierno de Corral ha establecido con el Canal 28 en los hechos.
¿Cómo defender el desempeño del gobierno de Corral ante la prensa chihuahuense? Los argumentos que defienden el desempeño del gobierno de Corral ante los medios se topan de frente con el contra-argumento de la relación que este gobierno ha establecido en los hechos con el canal 28. El amasiato presupuestal e informativo entre el gobierno del estado y el canal 28 es evidente.
El desempeño de Corral en su relación con los poderes judicial y legislativo, y en su relación con otros órganos como el ICHITAIP y la Auditoría Superior del Estado, resulta similar a lo sucedido entre el gobierno del estado y la prensa local.
La llamada telefónica que Corral le hizo a la magistrada del Tribunal de Justicia en Chihuahua, Adela Jiménez Carrasco, dándole indicaciones sobre cómo proceder en el conflicto que esta instancia tuvo meses atrás, ha demostrado la intromisión del ejecutivo estatal en las tareas del poder judicial (“La Jornada”, 23 de mayo de 2018). Al llamarle y darle indicaciones a la ministra, Corral no respetó la división de poderes, y por lo tanto, su condición de “demócrata” quedó cuestionada en los hechos.
Tomando en cuenta la llamada telefónica de Corral a Jiménez Carrasco, es posible deducir que la intromisión del gobernador del estado en el poder judicial ha sido una constante. Desde luego que la llamada telefónica de Corral a Jiménez Carrasco, es solo una parte (un árbol) del total de las relaciones que el ejecutivo ha establecido con el poder judicial en Chihuahua (el bosque completo). Pero a partir de la forma en que se han dado las remociones, los nombramientos y los manejos en el poder judicial en Chihuahua, es válido argumentar que Javier Corral ha movido las piezas del poder judicial para tenerlo a modo. Una figura clave del intervencionismo de Corral en el poder judicial ha sido Luz Estela Castro, una activista de la izquierda que le apostó su historial y su prestigio a una alianza que va dejando mucho por decir.
¿Cómo defender las acciones intervencionistas del Javier Corral en el poder judicial en Chihuahua? Puede admitirse que las intervenciones de Javier Corral en el poder judicial tienen como objetivo desmantelar la estructura de poder que fue heredada por el gobierno de César Duarte. Haber dejado la estructura duartista en el poder judicial era apostarle al fracaso en los procesos para juzgar a César Duarte y sus operadores. Pero lo que Corral ha hecho al intervenir el poder judicial en Chihuahua, es crear una estructura de poder corralista, que puede estar al servicio de los procesos jurídicos contra el duartismo, o estar al servicio de otros intereses que no están del todo claros. En los términos republicanos de la división de poderes, no hay ninguna justificación ética para respaldar la intromisión del actual gobierno del estado en el edificio de la calle Niños Héroes y Ocampo.
En los casos del ICHITAIP y de la Auditoría Superior del Estado, la situación resulta similar a los casos de la relación del gobierno de Corral con la prensa y con el poder judicial, hay una serie de acontecimientos que permiten deducir un comportamiento cuestionable en el ejercicio de poder. El ICHITAIP y la Auditoría Superior del Estado, cuyos funcionarios tendrían que estar a distancia del ejecutivo estatal en la rendición de cuentas y la vigilancia del ejercicio de gobierno, han quedado a merced de los intereses del gobierno en turno.
¿A partir de lo acontecido con el caso de Rodolfo Leyva, bajo qué argumentos se pueden defender las acciones del gobierno corralista? ¿Después de los meses de crisis por el nombramiento del Auditor del Estado, que desembocaron en el reciente nombramiento Héctor Acosta Félix (figura cercana al panismo), qué argumentos se pueden esgrimir en la defensa del gobierno corralista? Las posibilidades para argumentar a favor de la defensa del gobierno de Corral se han ido agotando.
A lo anterior, hay que sumarle: la corrupción en la que se han visto envueltos los miembros del gabinete corralista, como el caso de la red creada alrededor de Antonio Pinedo, encargado de Comunicación Social; la aguda crisis de seguridad pública que muestra la incapacidad gubernamental para atender este problema; la falta de capacidad política para tratar y resolver los problemas en educación y en salud; la crisis y parálisis financiera que deriva en la escasa obra pública; y los escasos avances en los procesos jurídicos en contra de César Duarte y sus operadores. Sobre este último caso, el gobierno de Corral le apuesta todas sus fichas al respaldo del gobierno de López Obrador. Pero el apoyo que el gobierno de AMLO le puede dar a Javier Corral en los procesos para llevar ante la justicia a César Duarte y sus cercanos, puede darse o no puede darse, puede tener lugar con mayor o menor intensidad. En el caso contra César Duarte, mientras Corral muestra sus cartas y apuesta su resto, López Obrador no muestra la jugada que tiene y se reserva lo que pueda venir.
A unos días de cumplir dos años, los balances realizados sobre el actual gobierno del estado no resultan favorables. El de Corral es un gobierno de contrastes: entre los discursos idealizados y los hechos que los contradicen, entre un código de ética que postula una pureza casi divina y una serie de comportamientos que resultan cuestionables, entre las promesas lanzadas en campaña y la larga lista de pendientes que se acumulan en torno a ellas.
El gobierno de Corral ha mostrado más errores que aciertos, más debilidades que fortalezas, más claroscuros que luminosidades. Es un gobierno al que se le van agotando sus posibilidades de defensa, que transita desde hace tiempo sobre la delgada línea del fracaso.
¿Quiénes y bajo qué argumentos, se atreven a defender a un gobierno que se va decantando por la acumulación de errores, debilidades y claroscuros? Lo peor del caso, es que la respuesta que se puede elaborar para esta pregunta, está atravesada por la desesperanza, por la pérdida de credibilidad en los políticos y en las instituciones, que se agudiza al paso de los sexenios.

La estrategia fallida del “perdón” (Artículo publicado en el sitio electrónico de "Aserto" - 12 de agosto de 2018)


Los Foros Escucha que iniciaron en ciudad Juárez son un laboratorio para analizar los problemas de fondo que vivirá el gobierno de López Obrador en su ejercicio. En estos foros se han hecho manifiestas las diferencias en la manera de concebir los problemas, los debates que resultan sumamente complicados, los desacuerdos que no logran resolverse por consenso, y la insuficiencia del tiempo para tratar las demandas sociales.
Uno de los primeros desencuentros del gobierno de López Obrador con las demandas ciudadanas se observa claramente al poner frente a frente los discursos de los organizadores de los Foros Escucha ante los discursos de las víctimas de la ola de violencia generada por el crimen organizado.
En los días previos al Foro Escucha que tuvo lugar en ciudad Juárez, Eunice Rendón, quien está a cargo de la organización de los Foros Escucha en Juárez, La Laguna, Michoacán y otros lugares del país, dejó en claro las razones por las cuales los eventos iniciaron en esta ciudad: “No es casualidad que en Ciudad Juárez arranque el foro para la pacificación, creemos que es un lugar donde hay una experiencia muy importante desde la propia sociedad civil, donde hay un capital social como en ningún lado del país, por lo mismo, la misma problemática de la ciudad, la violencia y las crisis que ha habido, han hecho resiliencia en la comunidad que se ha ido construyendo, las ONG se han fortalecido.” (El Diario de Juárez, 28 de julio de 2018).
Rendón reconoce la capacidad de “resiliencia” de la sociedad juarense como una fortaleza, como una experiencia para sobreponerse a la adversidad de la violencia. El “resiliente” es aquel que después de vivir una situación adversa, logra activar una serie de recursos personales, familiares y sociales que le permiten convertir a un territorio trágico, en lo que hoy suele llamarse un área de oportunidad.
Por su parte, el discurso de López Obrador en el foro de ciudad Juárez planteó la idea del “perdón”: «Tenemos que actuar en unidad, pensando que la patria es primero. Y estar dispuestos a perdonar. Lo dije en campaña y lo repito ahora. Coincido con los que dicen que: “No hay que olvidar”. Pero si estoy a favor del perdón. Respeto mucho a quienes dicen: “Ni perdón, ni olvido”. Digo: Olvido no, perdón sí.»
La idea de la “resiliencia” manejada por Rendón y la idea del “perdón” planteada por López Obrador, son parte de un mismo núcleo discursivo. Uno de los mecanismos para generar la “resilencia” es el “perdón”. El núcleo ideológico del discurso de la “resiliencia” y el “perdón” que trató de ser colocado como eje de los Foros Escucha, tiene como telón de fondo a los dispositivos de sanación del cristianismo y de la terapia psicológica. El “perdón” es un concepto cristiano que está presente en la oración del “Padre Nuestro”. También es un mecanismo clínico usado en las terapias psicológicas. Tanto los sacerdotes como los psicólogos recomiendan al “perdón” como mecanismo para saldar cuentas y salir de las situaciones de adversidad en lo personal, lo familiar y lo social.
Es de suponerse, que la “resiliencia” y el “perdón” estarían siendo dos de las herramientas para dar lugar a la “amnistía” y la “pacificación” en los planes de gobierno de López Obrador. Pero no quedan claros los mecanismos que estarían conectando al “perdón” y la “resiliencia” con la generación de una “amnistía” y de una “pacificación” que tengan un impacto social y político. La falta de claridad conceptual se agudiza en la falta de claridad de las políticas públicas que se pondrán en marcha después del 1 de diciembre.
El discurso de López Obrador en los foros en los que se traza la política de seguridad pública, fue impugnado de manera frontal por las víctimas de la violencia. Los padres de los desaparecidos que participaron en los foros de ciudad Juárez y La Laguna dejaron en claro su postura: “Ni perdón, ni olvido”. Este posicionamiento sacudió al discurso de los organizadores, quienes mostraron una postura de apertura ante el desacuerdo. Pero las muestras de apertura para escuchar y dialogar con las víctimas, mostraron también una impotencia para atender el problema a cabalidad.
Los padres de los desaparecidos y los asesinados dejaron en claro que la premisa que mueve su actuación política es la “justicia”. Alguna forma de “justicia” que tenga un impacto concreto en lo legal, lo político y lo social. En el caso de los desaparecidos, encontrarlos con vida o encontrar sus restos, y saldar cuentas legales con los responsables. En el caso de los asesinados, aplicar la justicia a los responsables que cometieron un delito. Se reclama mucho más que la reparación del daño y la atención psicológica o psicosocial.
Hay un momento en que la “justicia” reclamada por las víctimas roza un grado de dolor y desesperación que va más allá de lo terrenal y lo factible. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es una consigna generada a partir de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que reclama una forma de la “justicia” que va más allá de lo terrenal y lo factible. Es imposible que los 43 estudiantes normalistas sean encontrados y presentados con vida. El dolor y la desesperación de los familiares de los desaparecidos y asesinados ante el grado de impunidad, es un grito que extenderá su eco en las décadas por venir. Hay un saldo que resultará imposible de ser cubierto con las víctimas de la violencia.
Al colocar frente a frente los discursos de los organizados de los Foros Escucha ante el dolor y la desesperación de las víctimas de la violencia, se dibuja un territorio que parece irresoluble. Durante el foro de ciudad Juárez, en dos momentos las víctimas irrumpieron en el evento. Esas dos irrupciones son el asomo de una relación que mantendrá un tono de distanciamiento entre las víctimas y los operadores de la política de seguridad en el gobierno entrante.
Una de las claves de la política de López Obrador tiene que ver con saldar cuentas con los familiares de los más de 30 mil desaparecidos y los 250 mil asesinados desde el 2008 hasta la fecha. Esa es una tarea que resultará titánica y que se lee difícil de cumplir a partir de las declaraciones hechas por Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación: “Hay una realidad muy cruda: El Estado está rebasado para dar una respuesta puntual a lo que pasó con cada uno de los desaparecidos. Creo que no hay recursos humanos, materiales, económicos que puedan lograr eso, pero habrá voluntad política no solo para escuchar sino para tratar de encontrar y hacer empatar el ADN de la gente que busca y de los cuerpos encontrados. El esfuerzo va a ser enorme, pero no creo que se logren todas las identificaciones ni se pueda encontrar a todos los desaparecidos.” (Proceso, 5 de agosto de 2018).
La fórmula política de la “resiliencia” y el “perdón” va resultando fallida ante los reclamos enfáticos de una “justicia” que se observa lejana. Si “la resiliencia” y el “perdón” son insuficientes para saldar cuentas contra los agravios de la violencia, lo que sigue habitando las formas de hacer política es la incertidumbre.
La voz de Silvia Ortiz en el Foro Escucha de La Laguna, plantea con toda claridad una exigencia incuestionable: «Hagan proyectos reales y realizables en el contexto real de este país. No ilusionen con palabras, con cosas que no van a poder cumplir. Entiendan que este México está sediento de justicia, verdad y memoria. Son tiempos históricos, tiempos de un “Ya basta”.» (Proceso, 9 de agosto de 2018).
Madre de una joven desaparecida hace 14 años en La Laguna, Silvia Ortiz puso el dedo en la llaga y reclamo dos cosas que resultan elementales en el ejercicio de la política: claridad y franqueza. Se requiere que en diseño de las políticas de seguridad pública haya claridad en las acciones que se van a poner en marcha. La estrategia de la “amnistía” y la “pacificación” no se ha clarificado con suficiencia todavía. Es necesario también que los funcionarios públicos hablen con la verdad, que las promesas no sean colocadas más allá de las posibilidades reales en el cumplimiento de los objetivos planteados.
Una alta dosis de claridad y de franqueza resultan necesarias…