Uno de los asuntos sobre los cuales se
ha escrito más en las últimas semanas en el portal electrónico de Aserto, es el
nombramiento del “Pato” Ávila como integrante de la comisión de atención a
víctimas en el estado. Las interpretaciones del caso son diversas y desde luego
polémicas. En varios artículos escritos por los colaboradores de “Aserto”, pueden
identificarse dos posturas ante el nombramiento del “Pato” Ávila:
A) El caso puede interpretarse como
ilegal en los términos de la violación al principio de laicidad establecido en
la constitución. Este argumento es sostenido por Cortinas Murra en el artículo
“Hacerse Pato” (Aserto, 21 de julio de 2017), y es sostenido también por
Mariela Castro en el artículo “El enemigo público” (Aserto, 28 de agosto de
2017). Aunque el artículo de Castro plantea como idea central, la construcción
política y mediática de la figura de “enemigo público número uno” sobre la
persona de Rodolfo Leyva. Tomando en cuenta la argumentación de Mariela Castro,
puede también admitirse que sobre la persona del “Pato” Ávila se ha construido
política y mediáticamente una animadversión que lo coloca como “enemigo
público” (número uno o número dos…) de la contraparte. El asunto como materia
de debate trae consigo posiciones irreconciliables. La invención de los
“enemigos” es real y espectral a la vez.
B) La segunda postura plantea también
la ilegalidad del nombramiento del “Pato” Ávila, pero no por la cualidad
jurídica del laicismo, sino por lo que se refiere como el incumplimiento del
“estado constitucional democrático de derecho”. Esta posición es sostenida por
Rodolfo Villalobos del Rosal en el artículo “¿Estado laico o Estado
constitucional democrático de Derecho?” (Aserto, 22 de agosto de 2017). Esta
segunda postura no plantea una violación del principio constitucional del
laicismo como tal, sino una violación constitucional. Villalobos del Rosal
afirma que: “… el nombramiento de Javier Ávila, no se encuentra apegado a
derecho, al violentar la disposición del artículo 130 constitucional, y su
reglamentario, el 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público,
violación que va más allá de la laicidad del Estado…”
La postura del inciso A) y la postura
del inciso B) no difieren de fondo, ambas argumentaciones admiten una violación
a la norma constitucional, ya sea considerando el principio del laicismo o
considerando en sí mismo al derecho constitucional. Las dos interpretaciones
coinciden de fondo con el alegato de Rodolfo Leyva en el amparo que presenta,
rechazando el nombramiento del “Pato” Ávila como integrante de la comisión de
atención a víctimas.
La postura que en lo personal he
tomado, difiere de las interpretaciones de Leyva, Cortinas Murra, Castro y
Villalobos del Rosal. De mi parte, he escrito un artículo que critica al
laicismo como una forma de gobierno, de gubernamentalidad, en cuyas entrañas
reside una dominación, que resulta atravesada por el principio de la soberanía
planteado por Rousseau. El estado laico o el estado de derecho democrático del
orden constitucional, trae consigo formas de dominación que pueden analizarse a
partir de la biopolítica de Foucault, que reflexiona sobre los mecanismos
control que se ejercen sobre de los cuerpos («Las inconsistencias e hipocresías
del laicismo en el caso del “Pato” Ávila», Aserto, 22 de julio de 2017).
Desde el momento de escritura de este
artículo, elaboré una serie de argumentos que no he puesto sobre la mesa y que
expongo enseguida. Estos argumentos caminan entre los contenidos de la teoría
del derecho y los contenidos de la teoría política. Sostengo que: El asunto del
“Pato” Ávila tiene que ser analizado tanto por argumentos desprendidos de la
teoría del derecho, como por argumentos desprendidos de la teoría política. Y
fundamento esta argumentación en una sola razón: en este momento en específico,
el asunto de fondo de este tema, que es el asunto del crimen organizado y de la
violencia en el estado y el país, tiene que ver directamente con anomalías en
el terreno de la impartición del derecho y con anomalías en el terreno del
ejercicio de gobierno en cuanto a la acción política. El surgimiento de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado se deriva de anomalías en
la impartición del derecho hacia las víctimas y hacia la sociedad en general, y
se deriva también de un ejercicio gubernamental anómalo en donde la política se
manifiesta como un fracaso rotundo.
En esta misma línea argumentativa,
sostengo que: El nombramiento del “Pato” Ávila como sujeto que forma parte de
la comisión estatal de atención a víctimas, amerita ser pensado más allá de la
sola violación al principio constitucional del laicismo o de la violación al
principio de derecho constitucional en sí mismo. Desde luego que el
nombramiento del “Pato” Avila es una anomalía jurídica, dado que se viola la
legislación constitucional. Pero en este caso, la condición de anomalía, lo que
tendríamos que pensar como anomalía, va mucho más allá de lo jurídico. La
anomalía inicia con el rotundo fracaso jurídico y político por parte de los
gobiernos federal, estatal y municipal en la resolución al problema del crimen
organizado y de la violencia. La anomalía inicia cuando se inventa en los
términos del derecho, de las políticas públicas y de la cultura en general, la
figura de la “víctima”. Una “víctima” es un sujeto cuyo derecho ha sido
vulnerado en grado extremo, una “víctima” es un exiliado del derecho, alguien marcado
por un daño que resulta monstruoso. La figura de la “víctima” es el resultado
de la impotencia del estado (laico o no laico) en la atención a los problemas
del crimen organizado y la violencia. Las comisiones de atención a las víctimas
en los ámbitos federal y estatal, dibujan con toda claridad el fracaso rotundo
del estado en la impartición del derecho y en la acción política. Si bien es
cierto que el estado mexicano no es por completo un estado fallido, puede
admitirse que es un estado insuficiente, un estado que muestra su incapacidad y
su impotencia, lo mismo en el plano del derecho, que en la política, la
economía, etc. Estamos hablando de un estado que se asoma al fracaso de manera
apabullante.
La Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del Estado, de la que aún forma parte el “Pato” Ávila como consejero,
es una manifestación rotunda del estado insuficiente que muestra su impotencia
para detener al crimen organizado y a la violencia, y que recurre entonces a un
artificio lo mismo jurídico que político: la invención de la figura de la
“víctima” como sujeto de un derecho y de un orden político que tendría que ser
remediado a través de un organismo “desconcentrado” del estado, como lo es la
Comisión Estatal de Atención a Víctimas. En el libro “La administración Estatal
en México” (1982), Carlos Aldama se refiere a los organismos públicos
desconcentrados como “un fenómeno de excrecencia administrativa”. Una
“excrecencia” es un bulto que crece de manera anormal en un organismo vivo. La
imagen más próxima que tenemos de una excrecencia es un tumor, que se enraíza
en un organismo vivo y que vive simbióticamente a partir de ese organismo. La
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es un órgano que en los términos
administrativos del derecho y de la acción política posee la condición de una
“excrecencia”. A través de este organismo el estado ha crecido de manera
anómala, intentado solucionar un problema que tendría que ser resuelto, mucho
antes de la invención de la figura de la “víctima” como sujeto del derecho y de
la política. Las “víctimas”, que han sido inventadas artificiosamente como
“víctimas” por los integrantes del crimen organizado, por la fallas de los
agentes policiales, de los ministerios públicos, de los abogados y jueces; por
la fallas de la clase política y por las fallas de la sociedad mexicana;
reclaman a gritos que su condición de “víctimas” desaparezca, que las
vejaciones y humillaciones que se han construido en torno a ellas dejen de
existir. Y la manera más consistente para que esto tenga lugar, es que ellos no
tendrían por qué ser “víctimas” de la manera en que lo están siendo. Ellos no
tendrían que ser pensados ni inventados como “víctimas” por nosotros, de la
manera en que lo estamos haciendo desde el derecho, desde las políticas públicas
y desde la cultura en su conjunto. No tendría por qué existir una comisión
estatal para atender a las víctimas, por el simple hecho de que no tendrían por
qué existir las víctimas. En términos de la ética política, es inadmisible que
concibamos la existencia de la figura de la “víctima”, es inadmisible que
seamos partícipes de la invención jurídica, política y cultural de la figura de
la “víctima”.
En el caso del “Pato” Ávila, el
reclamo sobre la violación del laicismo o del derecho constitucional, esconde
tras de sí un reclamo que tendría que ser más radical. El problema del crimen
organizado y de la violencia, ha intentado ser solucionado a través de
artificios. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas es uno de esos
artificios, un artificio en forma de excrecencia. El amparo interpuesto por
Rodolfo Leyva y las discusiones que se han generado en torno a este caso, son
también un artificio, una manera de “andarse por las ramas”.
En términos ideológicos y políticos,
más allá del derecho, aceptar la existencia de esta comisión y aceptar de esta
forma la invención de la figura de la “víctima”, es aceptar la invención de una
serie de figuras que lo único que reflejan es el fracaso del estado. La
formación de esta comisión y los nombramientos de cada uno de los consejeros
que forman parte de ella, implica de manera directa aceptar al estado bajo la
forma de una excrecencia que se manifiesta como colapso, como desbarrancadero
de nuestras formas de vida.
Más allá de las violaciones al
principio de la laicidad o al principio del derecho constitucional, tendríamos
que debatir sobre los quiebres del estado en el territorio del derecho, en el
territorio de la política, en el territorio de la economía, etc. Tendríamos que
debatir sobre los quiebres del estado en la compleja territorialidad donde el
derecho, la política y la economía, se trenzan y se vuelven una maraña dominada
por el neoliberalismo como religión del siglo XXI. Los debates sobre el caso
del “Pato” Ávila, terminan siendo un síntoma de nuestra ceguera jurídica y
política. No es la punta de un hilo el que se debe meter por una aguja para
intentar remediar los problemas por los que atraviesan el estado de Chihuahua y
el país, es una madeja con múltiples hilos, una madeja cuyos hilos están
mezclados de manera caótica, una madeja manchada de sangre que se enreda cada
vez más y más, que nos tapa los ojos y la boca, que se convierte en máscara…
