(Artículo publicado en "El Diario de Chihuahua", en la sección de UPNECh, el 6 de julio de 2014).
En días pasados se llevó a
cabo en la ciudad de Chihuahua el coloquio “Los Retos del Directivo en
Preescolar”, organizado por el Departamento de Preescolar de los Servicios
Educativos del Estado de Chihuahua y por la Secretaría de Educación Cultura y
Deporte. Los discursos ahí emitidos caminaron por dos vías. Es notoria la
diferencia de concepciones en torno a la reciente reforma educativa, que existe entre los funcionarios de la SEP y
los miembros del INEE.
El discurso de Abel
Encinas Muñoz, asesor de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, puso
como centro al concepto de la “normalidad mínima requerida”. Hay una tesis
persistente en la política de la SEP: el buen desempeño de los maestros, en los
términos del cumplimiento de la normatividad y de los requerimientos laborales,
es un imperativo por cumplir, y de ello depende como piedra de toque, todo –o
casi todo- el futuro de la educación en México. Durante su conferencia, “La
función del directivo en el marco de la reforma educativa”, el mismo Encinas
admitió que su discurso había tenido como eje al concepto de “normalidad mínima
requerida”. Esta tesis de la SEP considera de manera determinante, que en los maestros recae el mayor peso de la
responsabilidad en la solución de los problemas educativos.
Las conferencias de Sylvia
Schmelkes y Margarita Zorrilla, integrantes de la Junta Directiva del INEE,
resultan contrastantes ante el discurso de Encinas. Las dos académicas e
investigadoras, mantuvieron una línea crítica, planteando que la evaluación
educativa es multifactorial y que no es ético señalar a los maestros por los
malos resultados educativos, como si en ellos recayera la plena responsabilidad
de la educación en México. ¿Qué tanta responsabilidad le corresponde a los
maestros en el desarrollo educativo? Es una pregunta que no ha podido ser
respondida con suficiencia.
En la conferencia
“Evaluación del desempeño docente”, Schmelkes admitió que “el buen desempeño
docente explica una parte de la de la calidad y la equidad educativa”. La otra
parte que permitiría impulsar a la calidad y la equidad educativa, estaría más
allá de las posibilidades de acción de los maestros, en las formas de
implementar la política educativa, en las inercias culturales del sistema
educativo que ha comenzado a ser apartado del control del SNTE, en la
infraestructura de los centros educativos, en las condiciones de pobreza
económica y cultural en la que viven más de la mitad de los mexicanos.
Tanto Schmelkes como Zorrilla,
coinciden en que la evaluación a los maestros no será inquisitiva, sino
formativa. Schmelkes fue cuidadosa al referir que los maestros no serán
corridos de sus empleos al reprobar la evaluación, sino que serán “reubicados”
en otros puestos. Zorrilla, admitió que
la evaluación pretende mejorar el desempeño de docentes y directivos en pos de
la mejora educativa, pero a la vez criticó a las tendencias de la evaluación en
México, que en los últimos años se han fundado en un mecanismo de recompensas y
castigos (el programa de Carrera Magisterial y la prueba Enlace). En México, no existe una cultura de la
evaluación formativa más que en teoría. Las formas de evaluar se han basado en
los reconocimientos credencialistas o monetarios que premian a los mejores. Una
parte de la legislación del nuevo artículo 3º y de la Ley del Servicio
Profesional Docente, trae consigo la amenaza del despido en forma de
“reubicación”, para quienes en las evaluaciones salgan mal librados. Por más
que se admita que se pretende una evaluación formativa para los maestros, el
acicate del despido que toma forma en la vaga figura de un “reacomodo” laboral,
resulta intimidante.
En la conferencia “El rol
del directivo en el marco de la reforma educativa”, Zorrilla refirió que a
partir de la legislación ya establecida, los directivos, los asesores técnico
pedagógicos, los supervisores y los jefes de sector, habrán de constituirse en
“agentes” y “promotores” de la transformación. En la concepción de Zorrilla, estos actores
son a la vez “usuarios” y “beneficiarios” del cambio educativo, que en su
primera fase caminó por la reforma al artículo 3º y la generación de las
llamadas “leyes secundarias”, y que en una segunda fase, transita ya el terreno
operativo, con la creación del INEE y del andamiaje para poner en marcha la
evaluación de los maestros de educación básica y media superior. La misma
Zorrilla, dijo que el proceso de transición para que la reforma educativa pueda
funcionar con efectividad, llevará al menos 10 años. Es el tiempo que tal vez
se requiera para desmantelar a la cultura educativa heredada por el SNTE y por
el mismo sistema educativo, al que Reyes Heroles se refirió como un “paquidermo
enfermo”.
El año clave no será el
2015, sino los próximos diez años por venir. Son los años de la posible
consolidación del INNE. Son los años en los cuales los gobiernos estatales le
pelearán a las secciones del SNTE, los espacios de poder que aún mantienen en
las oficinas de educación y en los mandos medios. Habría que entender al
coloquio organizado para las directoras, supervisoras y jefas de sector de
educación preescolar en el subsistema federalizado de Chihuahua, como una
jugada del gobierno del estado para posicionar a la reforma educativa y
continuar menguando los espacios de control ideológico y operativo que aún
mantiene la sección 8 del SNTE en Chihuahua.
